¿Hasta qué punto tiene que llegar la dictadura venezolana para que los gobiernos democráticos de América Latina se pronuncien sobre sus cada vez más agresivas violaciones? El jueves, a un año y un día del encarcelamiento del opositor Leopoldo López, el régimen venezolano arrestó violentamente y sin orden judicial al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Sin ofrecer pruebas, el presidente Maduro lo acusó en cadena nacional de conspirar en un golpe de Estado.
Hasta ahora, con la excepción de Colombia, los gobiernos democráticos de la región han guardado silencio al respecto. Vergonzoso. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se negó a hablar sobre el caso que, según ella, es cosa de “asuntos internos” de Venezuela. Patético. Al no condenar los atropellos del régimen bolivariano, las democracias latinoamericanas se están deslegitimando, pues no defienden los principios que supuestamente representan, y se vuelven así en cómplices del autoritarismo.
Ante la creciente crisis económica, política y social que ha creado, el gobierno chavista se está radicalizando al punto de que Amnistía Internacional denuncia la detención de Ledezma y la “cacería de brujas” del régimen, y Human Rights Watch declara: “Nunca hemos estado tan preocupados por Venezuela”.
Junto con López y la defenestrada diputada María Corina Machado, Ledezma ha sido uno de los opositores más hábiles y con los mejores criterios y principios pacíficos y democráticos. La única ‘prueba’ que presentó Maduro en su contra era su “Llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional para la transición” publicado este mes y firmado junto con López y Machado. En él, los autores se refieren a la crisis que vive Venezuela y al “modelo fracasado” del gobierno. Dicen: “Es claro que el régimen no resolverá la crisis y que el gobierno de Maduro ya entró en fase terminal”. Proponen una agenda para restaurar la paz social, la economía y el Estado de derecho.
Según Maduro, eso era señal para que se activara una intentona golpista. Además ofreció una explicación orwelliana de la captura del alcalde: “Para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad, la Constitución”. Pero ha sido el régimen que ha convertido a Venezuela en uno de los países más inseguros y violentos del mundo. Ha sido el régimen el que ha vulnerado las garantías constitucionales tan básicas como los derechos políticos, el debido proceso, o la libertad de expresión, por ejemplo. El abogado Gonzalo Himiob documenta que el país cuenta con 98 presos por razones políticas. Las organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado numerosos casos de tortura y otras violaciones. Un análisis publicado recientemente encontró que de las más de 45.000 sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia desde el 2005, ni una sola ha sido contra el gobierno. De hecho, el régimen controla todas las ramas del Estado e instancias de poder.
Las políticas económicas han socavado el comercio y la producción, y han generado la inflación más alta del mundo, la recesión, y la escasez de comida, medicamentos y un sinnúmero de bienes. Según la Cepal, la pobreza aumentó en más de 6 puntos porcentuales en el 2013. Por supuesto, el régimen ha acusado a los empresarios de desatar una “guerra económica” y ha arrestado a varios por tal delito.
Las dictaduras se basan en las mentiras –en lo que prometen y en lo que relatan–. Eso es tan obvio en el caso venezolano que hay pocos que no lo ven claro, incluso dentro de ese país, razón por la cual el régimen recurre a la fuerza. Da lástima que los líderes democráticos latinoamericanos parecen no reconocer eso.
