Ian Vásquez, Instituto Cato
El Comercio, 6 de febrero de 2018
Un pastor evangélico conservador encabezó la elección presidencial de Costa Rica el domingo con casi el 25% de los votos. Hace unos meses, Fabricio Alvarado era prácticamente desconocido y gozaba de apenas 3% de apoyo popular. Lo que le hizo toda la diferencia fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 9 de enero, la Corte IDH emitió una opinión consultiva sobre el matrimonio homosexual que es vinculante en Costa Rica y otros países latinoamericanos. Según la corte, los estados tienen que legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Costa Rica –donde más del 60% de la población se opone a esta garantía legal– la promesa de Alvarado de rechazar la decisión de la corte obtuvo mucho respaldo. El país se encamina a una segunda vuelta que ha sido definida casi exclusivamente por un tema puesto por la corte supranacional.
Quienes coincidimos en que hay que legalizar el matrimonio igualitario deberíamos estar preocupados. También debemos preocuparnos quienes consideramos que los derechos humanos fundamentales no son negociables. Pero es la postura y el comportamiento de la corte lo que nos debe inquietar. Después de todo, las cortes requieren de cierta legitimidad dentro de las sociedades en las que operan y, cada vez más, la Corte IDH está emitiendo fallos y opiniones que se asemejan a legislación impuesta desde arriba hacia abajo, en vez del resultado de un proceso legal interno en que la evolución de normas e instituciones domésticas juega un papel clave.
Esa actitud le resta legitimidad a la Corte IDH no solo respecto a ciertos temas social y políticamente complejos, sino también a temas de derechos humanos más tradicionales. A medida que la corte pierde legitimidad por ciertos fallos y opiniones, la empieza a perder como institución.
La opinión de la Corte IDH respecto al matrimonio igualitario, por ejemplo, se supone que es vinculante en una docena de países latinoamericanos, el Perú incluido. Pero lo más probable es que se ignore en la práctica. No siempre ha sido así con los fallos y opiniones de la corte. Esta empezó a tomar vigor en los ochenta, cuando los países de la región comenzaron sus transiciones hacia la democracia. Su propósito y fuerte fueron la defensa de derechos humanos fundamentales, y se buscaba prevenir que se repitieran o extendieran abusos y violaciones como las que se dieron bajo las dictaduras militares. Sobre ello hubo y hay un consenso regional favorable.
Es así que la gran mayoría de los casos que ha visto la corte ha tenido que ver con temas relacionados a la tortura, el debido proceso, la libertad de expresión y víctimas de regímenes militares, por ejemplo. En años recientes, sin embargo, la Corte IDH ha incursionado en nuevos territorios. Ha interpretado el derecho a la integridad de la persona de manera extensiva y ha empezado a amparar derechos “sociales”, “colectivos” y “de género”. Estos fallos son los que más se ignoran.
Por más que uno pueda o no estar de acuerdo con algunos fallos, muchos son debatibles y es dudoso que los signatarios del acuerdo que estableció la Corte IDH hayan tenido en mente una misión tan amplia para esta.
Por eso el director legal de la Human Rights Foundation, Javier El-Hage, critica el creciente “activismo judicial” de la corte y, al referirse al caso del matrimonio igualitario, advierte que “este tipo de decisiones corre el riesgo de incentivar el desdén por el sistema o incluso la denuncia de la Convención [Americana sobre Derechos Humanos] a cargo de gobiernos democráticos de centro o de derecha”.
Sería lamentable que la extralimitación de la Corte IDH debilitase la lucha por los derechos humanos.
