Por Ian Vásquez
(El Comercio, 06 de Junio de 2015)
¿Cómo acotar el poder y los abusos de quienes nos gobiernan? El 15 de junio del 1215, los ingleses intentaron poner en la práctica una respuesta a esa pregunta, y así cambiaron su historia y la de buena parte del mundo. En esa fecha, el rey Juan I se vio forzado a emitir la Carta Magna, documento que garantizó ciertos derechos a los barones que se rebelaban y que es ampliamente considerado fundacional para la libertad moderna.
Lo más radical de la Carta Magna fue que, por primera vez en Inglaterra, se trató de limitar la soberanía absoluta del rey. Era un contrato que la corona juró respetar. La idea de que la ley también aplicaba al gobernante –principio central del Estado de derecho– se legitimó.
El documento introdujo otros conceptos modernos como, por ejemplo, el no gravar impuestos sin la aprobación de un cuerpo representativo. A su vez, la obligación de consultar con un grupo representativo llevaría a que con el tiempo se formara un parlamento. El debido proceso para los acusados de violaciones a ciertas leyes se garantiza en el artículo 39.
La promulgación de la Carta Magna no fue un episodio único en sus tiempos. Fue parte de un proceso que se dio en toda la Europa medieval en el que se emitían otras cartas por el estilo y se formaban asociaciones basadas en el contrato y el consentimiento. La Bula de Oro de 1222, por ejemplo, limitaba el poder del monarca húngaro. Muchos reinados de España reconocían libertades entre sus habitantes y limitaban ciertos poderes a sus reyes. El Fuero de León, promulgado por el Rey Alfonso V en 1022, es comparable a la Carta Magna.
El experimento inglés fracasó casi inmediatamente, pues el rey Juan I rechazó la Carta Magna a pocas semanas de haberla promulgado. Fue enmendada y reemitida varias veces el resto del siglo, reflejo de la difícil y constante batalla con el poder. Pero si bien no siempre se respetó el documento, se convirtió en un referente legal valioso. Durante el siglo XVII, ante el absolutismo de la dinastía Stuart, quienes defendían el rol del parlamento apelaban a la Carta Magna y a las libertades inglesas tradicionales que decían que esta representaba. Como sabemos, ese siglo vio instalarse la supremacía del parlamento y el fortalecimiento del Estado de derecho en Inglaterra.
Desde principios del mismo siglo, los colonizadores de Norteamérica trajeron consigo la idea de una carta de libertades. La Carta Magna también influiría fuertemente en la Revolución americana y en los “Padres fundadores” de EE.UU., quienes en 1776 consideraban que las libertades que defendían eran no solo inglesas sino universales.
Nada de esto ocurrió con el imperio español. Al contrario, España colonizó América en el momento en que abandonó a sus instituciones medievales y se encaminó hacia el absolutismo. Las instituciones de la libertad no se trasladaron a Hispanoamérica, pues el Estado burocrático, centralizador y mercantilista las reemplazó. Pero las instituciones y “constituciones” medievales de España no dejaron de influir, como lo mostró el surgimiento de los llamados liberales españoles durante la invasión napoleónica y las Cortes de Cádiz que lucharon contra el absolutismo a principios del siglo XIX.
Esta semana se publicó el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project. El Perú figura en el puesto 63 entre 102 países, no tan mal como la ahora absolutista Venezuela que está en último lugar, ni tan bien como Uruguay (22) o Costa Rica (25). Dice Juan Carlos Botero, director del proyecto, que la variación es buena noticia, pues indica que la cultura hispánica no es impedimento a que progrese el imperio de la ley. Dice, también, que no tenemos que esperar 800 años más para que se establezca. Espero que no. En todo caso, sería bueno redescubrir la tradición hispana de la libertad.
