Por: Ian Vásquez, Instituto Cato
El Comercio, 26 de febrero de 2019
El Comercio, 26 de febrero de 2019
El Grupo de Lima rechazó ayer la intervención militar en Venezuela. Eso no significa, sin embargo, que se haya descartado la opción. Por lo menos no de parte de EE.UU. y líderes de la oposición a Nicolás Maduro que han pedido el uso de la fuerza.
El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, quien se reunió en Bogotá con el Grupo de Lima, envió además un claro mensaje a Maduro: “Colombia es nuestro socio más importante en la región y cualquier amenaza a su soberanía y seguridad enfrentará la determinación de los Estados Unidos”. Por cómo van las cosas, no deberíamos sorprendernos si algún incidente entre Colombia y el régimen chavista provee el pretexto para una respuesta militar.
Otras autoridades en Estados Unidos que han estado involucradas en la política estadounidense hacia Venezuela no esconden su preferencia por el uso de la fuerza. El senador Marco Rubio, por ejemplo, envió un tuit con imágenes del dictador libio Muamar Gadafi ensangrentado luego de haber sido depuesto.
Fue un ejemplo desafortunado. La intervención militar de EE.UU. en Libia en el 2011 logró sacar al dictador, pero desestabilizó la región y no puso un sistema democrático en su lugar. Un estudio reciente denuncia el estado caótico del país: “El gobierno respaldado por las Naciones Unidas lucha por ejercer control sobre el territorio en poder de las facciones rivales, intensificando las divisiones políticas y geográficas entre el este, oeste y sur. Grupos terroristas y milicias aprovechan los disturbios usando la nación como base para la radicalización y el crimen organizado, representando una amenaza para la región”. Peor aun, aquella intervención fue inconstitucional. En EE.UU. es al Congreso al que le corresponde declarar la guerra y el presidente Barack Obama ni siquiera había pedido que se autorice el uso de la fuerza.
Una intervención militar de EE.UU. en Venezuela –incluso a pedido del gobierno de Juan Guaidó– tampoco sería constitucional sin la previa declaración del Legislativo estadounidense. Hoy, en el Congreso estadounidense no existe el apoyo necesario para autorizar tal uso de la fuerza. Además, sería bastante impopular a nivel nacional. Los estadounidenses están cansados de participar en guerras que consideran mal pensadas e interminables (sus tropas ya tienen 17 años en Afganistán).
Una intervención militar en Venezuela no sería de pequeña escala. Shannon O’Neil, del Council on Foreign Relations, calcula que se requeriría, por lo menos, 100.000 tropas a quedarse a largo plazo. Venezuela es casi un Estado fracasado cuya infraestructura no funciona y en el que existen grupos criminales armados, guerrillas, y unos 100.000 venezolanos que componen las fuerzas paramilitares, conocidas como los colectivos. Por eso, el analista venezolano Francisco Toro, opositor al régimen chavista, concluye que “la acción militar de los Estados Unidos para destruir al Ejército venezolano sería una catástrofe. Eliminaría el único actor que eventualmente podría retomar el control del país y lo entregaría en su lugar a las manos de una gran variedad de bandas criminales. Libia en el Caribe”.
Por su parte, el Grupo de Lima acusa a Maduro de crímenes de lesa humanidad. Otros piden una intervención autorizada por la ONU bajo la doctrina de la responsabilidad de proteger. Es dudoso que esas demandas se puedan sustentar con el derecho internacional, pues las condiciones necesarias no aplican en este caso o son muy exigentes.
La estrategia de presionar al régimen chavista (a través de la diplomacia y sanciones enfocadas) y persuadir a las Fuerzas Armadas venezolanas a cambiar de bando es la correcta. Pero si se llegara a cumplir la amenaza de intervención militar, EE.UU. lograría: desunir a los países latinoamericanos, europeos y otros que apoyan a Guaidó; el rechazo popular de sus ciudadanos; y la violación de su Constitución. Nada de eso garantizaría la transición a una democracia estable en Venezuela.
