Ian Vásquez
El Comercio, 25 de noviembre del 2025
“La mitad de los venezolanos deportados al Cecot no tenía un récord criminal en Estados Unidos”.
“Llegaron al infierno”. Con esa frase fueron recibidos los 252 venezolanos migrantes que el gobierno de Donald Trump deportó al notorio Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo) de El Salvador en marzo y abril de este año. Esa frase también es el título de un reporte nuevo sobre la prisión hermética salvadoreña de la que hasta ahora se ha sabido poco. Human Rights Watch y Cristosal, ONG de derechos humanos de EE.UU. y El Salvador respectivamente, pudieron publicar el reporte luego de que El Salvador repatriara a los venezolanos a su país nativo –y así poder entrevistarlos–, algo que ocurrió solo después de que las deportaciones generaron protestas y problemas legales para Trump.
Las autoridades de El Salvador se jactan de que nadie sale vivo de Cecot, facilidad que exhibe cero transparencia. De hecho, hasta no ser repatriados, los venezolanos encarcelados allí se encontraban absolutamente incomunicados con el resto del mundo.
Por eso, los hechos que el reporte ha podido investigar y corroborar son novedosos e importantes no solo para EE.UU., sino también para todos los países que pretenden de alguna manera seguir el modelo de seguridad que el presidente Bukele ha impuesto.
Vale recordar que los venezolanos fueron deportados de EE.UU. sin debido proceso, siendo la mayoría acusados por el gobierno de Trump de ser terroristas y muchos de ellos bajo una justificación legal que la Corte Suprema probablemente declarará inconstitucional. El reporte, sin embargo, encuentra que alrededor de la mitad de los venezolanos deportados al Cecot no tenía un récord criminal en EE.UU. y solo el 3,1% de los deportados habían sido “condenados por un delito violento o potencialmente violento”. Eso es consistente con otras investigaciones que mostraban una falta de pruebas de criminalidad o pertenencia a organizaciones criminales para la mayoría de los deportados.
El investigador David Bier, en tanto, encontró que más de la mitad de los que fueron deportados (y de los que había información pública) se encontraban viviendo en EE.UU. legalmente. A pesar de afirmaciones de las autoridades estadounidenses que sostenían lo contrario, el reporte encontró violaciones extensas de derechos humanos: “Los venezolanos fueron objeto de devolución –el envío de personas a un lugar donde corren peligro de sufrir tortura o persecución–, detención arbitraria, desaparición forzada, tortura, condiciones de detención inhumanas y, en algunos casos, violencia sexual”.
Estas fueron “violaciones sistemáticas” que incluían “golpizas brutales” casi a diario. Las autoridades salvadoreñas presentan a la prisión de máxima seguridad como algo sumamente moderno. Pero los testimonios desmienten eso. Según un exdetenido, “había hongos, el piso estaba negro, pegajoso, los inodoros estaban asquerosos, olía a orina y el agua que teníamos en los tanques para ducharnos y para consumo era amarilla y tenía gusanos”. El Cecot está diseñado para proporcionar un maltrato constante, violando así estándares internacionales: “La prisión no tiene patios, áreas recreativas ni espacios conyugales. Cada celda cuenta solo con dos inodoros, que no son privados, y dos pilas para el aseo personal. No hay fregaderos, duchas, luz natural, ventiladores ni sistemas de ventilación. Las literas de aluminio dentro de las celdas carecen de colchones y sábanas y están diseñadas para albergar a dos presos por cama. Los guardias vigilan a los presos constantemente y las luces están siempre encendidas”.
Las reglas son severas. Se reportan golpizas por reírse con otros detenidos o por hablar por encima del nivel bajo establecido. Además, “los guardias imponían castigos colectivos, golpeando a todos los compañeros de celda cuando un solo detenido era acusado de infringir una norma”. Todo indica que los abusos en el Cecot forman parte de una política deliberada y que victimizan además a los injustamente encarcelados. Es un escándalo que EE.UU. degrade su sistema de justicia acercándose al modelo Bukele.
