Ian Vásquez, Instituto Cato
El Comercio, 10 de octubre de 2017
Cataluña podría declarar hoy su independencia de España, tal como lo han prometido algunos de los líderes de la región autónoma. También es posible que esa declaratoria se postergue o se opte por otra estrategia por el momento.
En todo caso, tras el referéndum independentista a principios de mes, la cuestión catalana presenta un problema mayúsculo para España, Cataluña y la Unión Europea. El problema de fondo tiene que ver con la estructura del Estado Español, pero bajo las condiciones políticas actuales, será difícil de solucionar.
Quizá la mitad –o más– de los catalanes son independentistas. Es difícil saberlo basado en el referéndum, pues la abstención fue mayoritaria y la votación se dio bajo condiciones irregulares. Los líderes catalanes decidieron realizar el plebiscito a pesar de que el gobierno nacional declaró, con razón, que era ilegal e inconstitucional. En el debate nacional, los españoles apelan a la legalidad y a su versión de nacionalismo encarnado en la Constitución y los catalanes independentistas apelan a su propio nacionalismo. Los primeros consideran a los otros traidores y los catalanes consideran a los españoles opresores, algo que ha alimentado la polarización política.
Es verdad que el referéndum es ilegal. Pero la mayoría de movimientos independentistas lo han sido. También lo fueron la independencia de Estados Unidos y de la India. Es verdad que existen procedimientos legales para realizar una enmienda constitucional que permita la secesión. Se requeriría una votación de tres quintos del Senado y del Congreso, seguido por un referéndum nacional. La coyuntura política y la barra alta imposibilitan que se logre.
El problema de Cataluña ha sido de largo plazo y nunca se ha logrado un marco institucional estable y duradero que incluya al principado. En poco menos de 400 años, los catalanes han intentado independizarse cinco veces. No todos los catalanes de hoy quieren la independencia, pero casi todos están hartos del statu quo. Y tienen razón.
La región autónoma de Cataluña, una de las más prósperas de España, no es realmente autónoma, por lo menos no en cuanto a temas fiscales. Las finanzas públicas españolas son altamente centralizadas y es así como Cataluña ha sido por largo tiempo un contribuyente neto al fisco nacional. Los catalanes transfieren 9.900 millones de euros (el 5% de su PBI) al resto de España. En teoría, las transferencias interregionales sirven para alentar la convergencia de ingresos, pero han funcionado mal. Andalucía, donde más personas viven de rentas del sector público que del privado, ha recibido desde 1986 subsidios por 150.000 millones de euros, pero el ingreso per cápita relativo al resto de España no ha cambiado. Lo que sí se ha fortalecido es un clientelismo político basado en el estatismo que además tiene mucho peso en la legislatura nacional. La injusticia que perciben los catalanes tiene mucho que ver con esta realidad.
Todo esto no quiere decir que el camino que han escogido los líderes catalanes les conviene. Es casi seguro que los perjudicará. A pocos días del referéndum, una decena de las empresas más grandes de Cataluña se ha ido de la región. Temen no solo la incertidumbre sino también el liderazgo populista, radical y anticapitalista de los líderes del movimiento independentista que formarían un nuevo gobierno.
Tanto el impacto negativo económico como el político internacional está anunciado. Al no negociar una salida con España, le irá mal a una Cataluña independiente respecto a acuerdos con España y la Unión Europea, que no querrá arriesgar su proyecto al aceptar la secesión.
España requiere de una reforma profunda de Estado que implique establecer un sistema federalista en el que exista autonomía de verdad y la posibilidad de secesión bajo reglas claras. Desafortunadamente, es poco probable.
