Por: Ian Vásquez
elcato.org, 2 de junio de 2020
Ian Vásquez explica por qué mediante la llamada “inmunidad calificada” se ha desalentado la rendición de cuentas y alentado la violación de derechos constitucionales por parte de los policías.
Tras la matanza del afroamericano George Floyd en manos de policías blancos, EE.UU. está sumido en protestas cada vez más extensas y violentas. Los saqueos, la destrucción y otros crímenes que una minoría de los manifestantes ha desatado, que perjudican a personas inocentes y a las comunidades más necesitadas, son imperdonables y contraproducentes. Pero el pueblo estadounidense tiene toda la razón de estar indignado con las autoridades.
Desgraciadamente, el abuso por parte de agentes del Estado se ha vuelto demasiado común en EE.UU. y su remedio extremadamente difícil de lograr. Eso se debe a una doctrina legal que le pone a los policías por encima de la ley. Conocida como la “inmunidad calificada”, esta doctrina tiene sus orígenes en un fallo de la Corte Suprema a principios de los ochenta. En ese fallo, la corte reescribió una ley que se implementó tras la Guerra Civil que garantizaba que se respetarían los derechos civiles de toda persona y responsabilizaba legalmente a cualquier funcionario público que los violaba.
La Corte Suprema cambió el estándar legal para comprobar la culpabilidad de los funcionarios, elevándolo hasta un punto casi imposible de alcanzar. En la práctica, los demandantes tienen que encontrar casos virtualmente idénticos dentro de la misma jurisdicción en los que se haya fallado en contra de las autoridades. Si los hechos de los casos previos son mínimamente distintos, no aplican y se descarta la demanda. No importa si hubo o no violación, las cortes requieren que hayan precedentes casi idénticos.
De esta manera, las cortes descartan todo tipo de casos, se previene sentar precedentes, se desalienta la rendición de cuentas y se alienta la violación de los derechos constitucionales. Es un absurdo legal que el experto en derecho Clark Neily califica de “locura”.
En un caso reciente, las cortes otorgaron la inmunidad calificada a un policía que levantó a una mujer chata y la hizo caer de cabeza a la fuerza, rompiendo su clavícula y dejándola inconsciente. Según Neily, el policía obtuvo la inmunidad no porque no violó los derechos de la mujer, sino porque no hubo casos anteriores con hechos idénticos. De la misma manera, policías han quedado inmunes tras disparar a gente sin causa, usar un arma paralizante sobre una persona que no abrochó su cinturón, disparar a un niño de diez años de edad en vez de disparar a su perro que no representaba ninguna amenaza, robar $225.000 de una casa, etc.
La situación está empeorando. El mes pasado Reuters publicó un análisis de cientos de casos en que la inmunidad calificada estuvo en juego. En el periodo 2005-07, la mayoría de los casos ante las cortes favorecían a los demandantes. Ahora (2017-19) la mayoría favorece a los funcionarios públicos. Favorecer a los demandantes solo quiere decir que las cortes no descartan el caso; todavía puede que las cortes fallen en su contra. Otra tendencia que se observa es que cada vez más las cortes simplemente ignoran si se violaron o no los derechos de las personas y se enfocan en vez solo en la existencia o no de precedentes.
En la práctica, los policías en EE.UU. gozan de amplia impunidad, algo que ellos y los ciudadanos reconocen. Esta injusticia debilita el Estado de derecho, golpea más fuerte a los más necesitados (entre ellos, la comunidad afroamericana), y produce protestas e inestabilidad social de a momentos. Poner fin a la doctrina de inmunidad calificada haría mucho para prevenir futuros casos como el de George Floyd.
