Barack Obama anunció esta semana que tomará medidas ejecutivas que legalizarían hasta 5 millones de inmigrantes indocumentados. Esa movida –a la que se opondrán los republicanos que controlan el Congreso– representa solamente una solución parcial y temporal a un enorme problema en Estados Unidos: la política migratoria se ha alejado tanto de la realidad social y económica que se ha vuelto disfuncional.
La prueba más fehaciente de eso es que existen entre 11 y 12 millones de inmigrantes ilegales en EE.UU. Es decir, millones de estadounidenses voluntariamente contratan, emplean y pagan a millones de mexicanos, centroamericanos y demás forasteros por su trabajo, mejorando así el estándar de vida de ambas partes.
Pero la ley no lo permite. Por lo tanto, se ha creado una economía informal importante y ciertas consecuencias negativas. Los inmigrantes indocumentados, al no poder recurrir a la justicia, están expuestos a la explotación. Se les paga menos de lo que podrían cobrar si tuvieran papeles legales. Se puede abusar de ellos, como comúnmente hacen los “coyotes”, traficantes que los llevan a EE.UU. Mueren cientos de inmigrantes al año cruzando a pie el desierto al suroeste del país. Se desintegran familias al deportar a los padres ilegales de hijos nacidos en EE.UU.
Por razones políticas, la ley migratoria estadounidense ha sido cada vez más restrictiva. No ha logrado su objetivo. La migración mexicana, por ejemplo, tradicionalmente ha sido circular: viajan mexicanos a trabajar en el país por una temporada para luego volver a sus pueblos durante otras temporadas. A medida que se dificulta la entrada a EE.UU., se quedan más inmigrantes y disminuye la migración circular.
Sí se redujo la inmigración en años recientes. Pero fue durante la Gran Recesión que la inmigración ilegal neta cayó a cero, lo que indica que los migrantes no documentados responden a las condiciones del mercado. De hecho, a diferencia de lo que afirman los oponentes a la inmigración, los inmigrantes no les quitan puestos de trabajo a los ciudadanos. Históricamente el desempleo bajo coincide con la migración alta y viceversa. Los inmigrantes ilegales hacen trabajo de baja calificación –ya sea en agricultura o restaurantes, por ejemplo– que complementa el trabajo de los estadounidenses. La viabilidad de empresas e industrias enteras depende de ellos. Los inmigrantes crean riqueza, trabajos nuevos y demanda, por lo que los estudios académicos no encuentran el impacto negativo sobre los salarios de los estadounidenses que tanto temen los sindicatos y los críticos de izquierda.
La asimilación política y cultural de los inmigrantes de hoy día en EE.UU. tampoco es diferente a la de épocas anteriores. La segunda y tercera generación de ellos hablan inglés y son sustancialmente “americanizados”. Tampoco parece ser cierto que los inmigrantes le cuestan más al fisco nacional de lo que contribuyen a este durante sus vidas, como temen muchos conservadores. El Estado benefactor es insostenible, pero eso no tiene que ver con la inmigración. En todo caso, como decía el economista William Niskanen, en vez de construir un muro alrededor del país, sería mejor construirlo alrededor del Estado benefactor.
Los permisos legales que Obama piensa otorgar a distintas categorías de inmigrantes sin duda representan una mejora. Pero solo son permisos temporales, la medida puede ser revertida por un futuro presidente republicano, no legaliza el flujo migratorio y no es una reforma integral de la política migratoria. Podemos esperar que la crisis migratoria continúe.
Desafortunadamente, todos los países ricos han incurrido en errores similares o peores de política migratoria, errores de los cuales es políticamente difícil extraerse.
En vista de que los países exitosos atraen a los inmigrantes, el instituto Libertad y Desarrollo en Chile ha publicado un libro aconsejando no cometer los mismos errores en que han caído los países ricos. El Perú, que ha visto un incremento marcado y saludable de inmigración durante los últimos siete años, debe poner el tema en la agenda.
