Por Ian Vásquez, Instituto Cato
El Comercio, 3 de abril de 2018
Cada vez que se instala un Gabinete nuevo, por no hablar de un presidente nuevo, se anuncia como si fuera una corte real. El Perú tiene 19 ministros de Estado. Son demasiado poderosos, tienen demasiada discreción y son demasiado numerosos.
Bastaría con cinco ministerios en una república bien administrada: los de Economía y Finanzas, Justicia, Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. Esos corresponden a funciones mayores y legítimas del Estado, como la seguridad o la recaudación y el gasto público. Los demás ministerios se deberían abolir y muchas de sus funciones ser eliminadas o manejadas por agencias estatales con fines restringidos y bien delineados.
Al crear ministerios de tal o cual cosa, se suele otorgar también mayores recursos y poderes a los ministros y se crean incentivos para la creciente acumulación de dicho poderío. En la práctica, significa un mayor gasto público y una mayor burocracia. En un país con un Estado de derecho débil, el mayor poder regulatorio de los ministros, viceministros, secretarías generales y de los cientos de miles de servidores públicos abre las puertas a la arbitrariedad y a la corrupción. Cómo interpretar leyes, otorgar fondos y contratos, entregar servicios y aplicar sanciones se presta para el abuso, que a su vez violenta el Estado de derecho.
¿Para qué crear tanta centralización de poder y maraña institucional? Muchas decisiones que ahora las toman políticos y burócratas en nombre de los ciudadanos, las podrían estar tomando los mismos ciudadanos, y de manera voluntaria.
¿Por qué tener un Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, por ejemplo? Ambas actividades son importantes para el Perú y existen a pesar del ministerio. Lo que ha hecho el ministerio tradicionalmente es proteger a ciertas industrias a costa de la mayoría de los peruanos, ya sea a través de barreras comerciales o subsidios. El hecho de que se haya liberalizado el comercio desde los noventa solo apunta a que hace menos falta ese ministerio.
La energía y la minería también son importantes, pero no merecen un ministerio. No tiene sentido un plan estratégico nacional de energía. Si las empresas privadas quieren invertir sus propios recursos en el Perú, pueden hacerlo en base a un código minero, por ejemplo. Los conflictos sociales que muchas veces surgen de tales actividades todavía necesitarían atención, pero la existencia de un ministerio no parece ser la solución. Es verdad que en Estados Unidos, por ejemplo, existe un Ministerio de Energía. Pero este país se convirtió en una potencia energética mucho antes de crear dicho ministerio en los setenta. Desde entonces, ha sido fuente de subsidios y favoritismos al sector. La “captura” de los reguladores por los regulados es, lamentablemente, un fenómeno frecuente.
De la misma manera, la educación es demasiado importante como para dejarla en manos de los políticos. (En EE.UU., este ministerio se creó recién en los setenta). Una reforma que permita mayores opciones, competencia y calidad educativa será difícil de lograr siempre y cuando la burocracia educativa estatal sea tan poderosa. Por otro lado, deberíamos preguntarnos si para sentirnos orgullosos de nuestra rica cultura realmente necesitábamos que Alan García creara un ministerio en el 2010.
¿Y qué hace el ministro de Producción? Ciertamente no produce nada. Hace poco se dedicó a destrabar en algo el proceso de creación de riqueza. Bien. Pero lo que quiere decir es que hizo un poco para deshacer el trabajo de los otros ministros.
No todo lo que es importante debe ser elevado a nivel ministerial y no todo ministro hace un trabajo realmente importante para el país. De hecho, típicamente no es el caso.
