La presidenta chilena, Michelle Bachelet, continuó avanzando esta semana en su extensa agenda por agrandar el papel del Estado en la sociedad. La Cámara de Diputados aprobó una reforma educativa que eliminaría en gran parte la competencia en ese sector.
La mayoría de los estudiantes chilenos asisten a escuelas privadas o municipales escogidas por sus padres con ayuda financiera del Estado. La reforma aboliría ese sistema de “cupo educativo” y en vez destinaría esos fondos únicamente a escuelas públicas. Como lo explicó el ministro de Educación en un momento de franqueza, antes de luego retractarse, hay una “cancha enlozada” en que la educación pública anda descalza y su competidor anda “corriendo con patines de alta velocidad […]. Primero tengo que bajar al otro de los patines”.
Lo están logrando. Lo irónico es que bajo el argumento de reducir la desigualdad, se conseguirá lo opuesto. Chile tiene el mejor sistema educativo en América Latina y el rendimiento de sus estudiantes en las materias puestas a prueba es el mejor de la región. Y si bien tiene mucho que mejorar, es también uno de los países que más rápidamente lo está haciendo en las pruebas internacionales. La desigualdad entre ricos y pobres, tanto en la participación educativa como en el rendimiento escolar, ha caído significativamente en Chile, y esa última brecha es más chica en este país que en varias naciones desarrolladas como Francia y Alemania.
Al centralizar la educación en el sector público, aumentará la desigualdad. No serán los hijos de la clase alta que dejarán de asistir a las escuelas privadas de alta calidad; serán los estudiantes de clase media y baja los que se verán forzados a asistir a escuelas públicas que, a su vez, tendrán menos competencia. Si nos guiamos por la experiencia internacional, el mero hecho de gastar más en el sistema educativo público no garantizará una mejora de calidad, y muy probablemente lo empeorará al fortalecer el monopolio estatal.
La reforma educativa es parte de una agenda intervencionista más extensa que tiene a una creciente cantidad de chilenos y extranjeros inquietos sobre el rumbo del país. El “Financial Times” declaró que a siete meses del gobierno de Bachelet, Chile ahora representa “la nueva mediocridad”. El bajo crecimiento de 2% que espera Chile este año se debe en buena parte a la agenda de la mediocridad y las expectativas que está creando.
Bachelet no solo está tirando al lado el mejor sistema educativo en la región y reemplazándolo con un modelo que ha dado resultados pésimos en todo el continente. Su gobierno ha aumentado los impuestos a las empresas del 20% al 35%, ahora uno de los más altos entre los países avanzados, en tiempos en que la tendencia es a la baja. Propone reducir notablemente la flexibilidad laboral, una de las grandes ventajas de Chile en la región.
No solo está reduciendo las libertades económicas en lo que es una de las economías más libres del mundo, sino que propone reformar la constitución de la democracia más exitosa de la región. En la práctica, tal reforma promete, entre otras cosas, debilitar los derechos de propiedad privada y crear un Estado de bienestar altamente despilfarrador en momentos en que tal modelo está llevando a países europeos desarrollados a la crisis y la recesión crónica.
No sorprende que un ataque tan frontal a las políticas e instituciones que han probado estar entre las mejores del mundo y la región estén creando expectativas negativas. El ex ministro de Hacienda Hernan Buchi calcula que a 5 años el ingreso per cápita sera “casi 15% menor al que pudo haber sido” y el Estado “recaudará US$8 mil millones menos”.
Pero de lo que pude observar de la sociedad civil durante una visita a Chile esta semana, aún hay tiempo y fortaleza institucional para que la nueva mediocridad no avance más.
