Hugo Perea
El Comercio, 17 de marzo del 2026
“La fortaleza fiscal, construida con el esfuerzo de tantos años, se ha visto seriamente dañada en pocos días. No se ha tenido en cuenta que esta fortaleza es un “bien público” que debe favorecer a todos los peruanos, en particular, a los más vulnerables, y no solo a grupos de interés favorecidos por motivos políticos», analiza Hugo Perea, Economista jefe de BBVA Research en Perú.
En las dos últimas semanas, el Congreso ha aprobado por insistencia o enviado al Ejecutivo para su promulgación un conjunto de Proyectos de Ley (PL) que tienen un impacto negativo relevante sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El primero de estos PL, aprobado por insistencia, amplió los beneficios previsionales para la Fuerzas Armadas y Policiales. Según las observaciones del Gobierno, se estima que la medida implicará un egreso de S/ 97 millones a corto plazo, pero en 30 años podría subir hasta S/ 3.500 millones anuales.
Además, la semana pasada, se aprobaron, en segunda votación, dos PL que amplían los beneficios laborales para los trabajadores de la administración pública comprendidos bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). La primera de estas normas, que se refiere específicamente a los trabajadores del sector salud, tiene un costo de S/ 944 millones y la segunda, que es generalizada, implica un esfuerzo fiscal de S/ 3.050 millones.
Finalmente, está pendiente un PL elaborado tiempo atrás, y que podría ser aprobado por insistencia en el Congreso, que considera elevar las pensiones a los docentes del sector público. La norma costaría S/ 5.670 millones al año.
El resultado de esta irracionalidad legislativa es una erosión acelerada de sostenibilidad fiscal. Si se aprueban los PL mencionados, el costo anual de los mismos asciende a S/ 9.760 millones, casi un punto porcentual del PBI. Como los PL ya aprobados señalan que la “fuente de financiamiento” para las propuestas son, por lo general, con cargo al presupuesto de cada sector o reasignaciones presupuestarias, las entidades afectadas tendrán que recortar su gasto en otros componentes (¿inversión?). Si no se recortan otras partidas de gasto, entonces el gobierno tendrá que ampliar el presupuesto de esos sectores, lo que deberá financiarse con más impuestos o más deuda.
Se puede esperar que el Ejecutivo observe estas normas o las lleve al Tribunal Constitucional si fuera el caso. Sin embargo, en la coyuntura actual en la que un Ejecutivo débil está a la espera del voto de confianza para el Gabinete, es poco probable que ello ocurra.
Así, los peruanos terminaremos financiando un aumento del déficit, de casi un punto porcentual por año, y, por lo tanto, una elevación de la deuda pública, así como una caída en la calidad de los bienes y servicios públicos, tan necesarios para el crecimiento económico y el bienestar social. También debe tenerse en cuenta que este deterioro de la posición fiscal puede tener consecuencias sobre el rating crediticio del Gobierno y las tasas de interés de mediano plazo de la economía.
La fortaleza fiscal, construida con el esfuerzo de tantos años, se ha visto seriamente dañada en pocos días. No se ha tenido en cuenta que esta fortaleza es un “bien público” que debe favorecer a todos los peruanos, en particular, a los más vulnerables, y no solo a grupos de interés favorecidos por motivos políticos.
