Hugo Díaz Díaz, Consejero Ncional de Educación
El Comercio, 26 de julio de 2017
En Lampadia hemos propuesto el Pacto por la Educación, no por los maestros, que son muy importantes pero son parte del tema. A los maestros hay que darles y pedirles:
Desde el 15 de junio, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Cusco se encuentra en una huelga indefinida. Hasta inicios de la cuarta semana de julio, son 40 días de clase perdidos por miles de estudiantes de esta región.
Los dirigentes sindicales, tratando de evitar los descuentos, ofrecen recuperar clases. La experiencia demuestra que esa promesa no se cumple, justo cuando el futuro demanda a la niñez y juventud mayores y más complejas tareas de formación. Si la educación básica que se ofrece en el Perú dura un año menos –entre 1.000 y 1.200 horas– en comparación con la mayoría de países, lo que debemos proponernos, como padres de familia y país, es exigir a los maestros que todo tiempo planificado para el aprendizaje se aproveche.
Esta huelga tiene algunos matices diferentes a las anteriores. Desde el Cusco empezó a extenderse a más de la mitad de regiones del país, pero en cada región con plataformas reivindicativas independientes y no siempre similares. Esto debilita la capacidad de negociación del Gobierno para una solución que preserve el derecho de los niños a recibir educación. Además, algunas dirigencias sindicales tratan de lograr notoriedad y ejercer presión tomando carreteras, enfrentándose a la policía, intimidando a profesores, padres y alumnos que quieren asistir a sus escuelas.
El Gobierno no rehúye al diálogo. Con la dirigencia nacional avanza en algunos acuerdos, pero no con dirigencias regionales radicales que demandan imposibles como el aumento inmediato de la remuneración a S/4.000, lo que costaría no menos de S/6.000 millones. Asimismo, ha declarado improcedente la huelga y ha solicitado a los gobiernos regionales efectuar descuentos por los días no trabajados. El mejor incentivo para prolongar una huelga ilegal sería pagarles sin trabajar. Los descuentos deben ejecutarse y para quienes lo impidan se deben aplicar las sanciones correspondientes.
Que nuestros niños y jóvenes no reciban la educación que se merecen es un asunto que interesa a los padres de familia y a la sociedad. Siendo el docente el factor más importante en el proceso educativo, merece evaluarse la posibilidad de un compromiso nacional en favor de su desarrollo. Por su composición, el foro del Acuerdo Nacional podría propiciar tal compromiso que debería ser asumido por el Estado, la sociedad y el magisterio nacional.
Es imprescindible la implementación real de una política integral de desarrollo magisterial. Tener maestros bien pagados resultará beneficioso para elevar la calidad de quienes quieren ser docentes, disminuir las brechas de logros de aprendizaje respecto a países de similar desarrollo, y asegurar que la mayoría de jóvenes adquiera las capacidades necesarias para ser más competitivos y enfrentar las demandas del desarrollo nacional y los cambios del empleo.
La carrera pública magisterial ha sido un paso importante de los últimos gobiernos. Busca que las promociones salariales no sean producto de aumentos colectivos sino del esfuerzo que cada docente realice por cumplir satisfactoriamente sus funciones, logre los mejores resultados con sus estudiantes y se preocupe por su desarrollo profesional. El mérito, criterio fundamental para evaluar el desempeño de los docentes, no debe ser un asunto negociable en la solución de este y cualquier otro conflicto. Tampoco la obligación del docente de evitar el fracaso de sus estudiantes.
El Gobierno podría avanzar con algunas medidas. Unas no demandan mayor inversión sino hacer bien las cosas (como asegurar la transparencia en los procesos de contratación y nombramiento de docentes). Otras tienen un costo que surge del compromiso asumido con el magisterio en la Ley de Reforma Magisterial. Entre ellas, uniformizar y hacer efectivo el oportuno pago de las bonificaciones por ejercicio de cargos directivos y trabajo en áreas rurales, asegurar el aumento del piso salarial a S/2.000 para el 2018 y establecer un firme compromiso de elevarlo progresivamente. Para estas medidas debe asegurarse el presupuesto necesario a fin de evitar el riesgo de que aumenten y se expandan los conflictos con el magisterio.
