La acreditación es un mecanismo que emplean muchos países para promover que las instituciones y programas de educación superior respondan a un estándar mínimo de calidad. En países desarrollados, las universidades procuran tener varias acreditaciones reconocidas internacionalmente, pues aumenta el prestigio, el alumnado y el financiamiento institucional.
En mayo del 2006 se creó el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace). La acreditación es obligatoria para las carreras universitarias de Educación, Medicina y Derecho. Según la página web de uno de sus órganos operadores, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (Coneau), en seis años de funcionamiento solo se acreditaron cinco programas de pregrado.
Representantes de Gana Perú han propuesto una ley para obligar a todas las universidades a acreditarse. Para las universidades públicas, plantea priorizar y promover el desarrollo de proyectos de inversión pública que tengan como finalidad la acreditación bajo las reglas del Sineace. Los proyectos se financiarían con un fondo concursable al que postularían las universidades, excepto nueve denominadas “nacionales históricas”.
No se duda de lo positivo de la acreditación, pero preocupa que, además del bajo número de universidades acreditadas, las evaluadoras hasta ahora reconocidas sean solo siete, todos colegios profesionales. No se desmerece su rol, pero sería conveniente que participen igualmente instituciones reconocidas internacionalmente. El Perú necesita superar la escasa valoración promedio de sus universidades y programas de formación. Muchos profesionales peruanos que migran a países con mayor desarrollo tienen problemas para ejercer su profesión, pues sus estudios no están respaldados por una acreditadora reconocida en esos países. Cabe preguntarse por qué la invitación del Coneau para inscribirse como entidad evaluadora tuvo poco interés de acreditadoras de amplio prestigio internacional.
Si bien es meritorio el esfuerzo realizado por el Coneau para construir el modelo de calidad para la acreditación de programas, los estándares e indicadores de evaluación que emplea son excesivos y a veces hasta contradictorios, además de que buscan más que todo –y con bastante subjetividad– la verificación administrativa del programa evaluado, en lugar de la calidad y pertinencia del egresado que se forma.
Lograr que la educación superior responda a las necesidades del mercado laboral demanda no solo acreditar. Se requiere replantear los criterios de autorización del funcionamiento de universidades, haciéndolos más exigentes desde lo académico, la gestión y los recursos empleados. Lo que hay que evitar es que muchas de estas instituciones sigan siendo fábricas de futuros jóvenes desempleados o de estudios de muy bajo valor agregado para jóvenes que ahí se forman.
La iniciativa de un grupo de parlamentarios debería replantearse. Todavía el Coneau no alcanza la capacidad de gestión para cubrir todas las carreras e instituciones universitarias.
Asimismo, requiere perfeccionar algunos de los campos de su estrategia e instrumentos de trabajo. Si ello no se logra, la medida propuesta podría convertirse en una traba burocrática más.
