Por: Guillermo Shinno Huamaní
El Comercio, 5 de Agosto del 2022
“Sabemos que el camino no es fácil, pero se tiene que seguir en la línea de mejorar la competitividad del sector para atraer mayor inversión y desarrollo al Perú”.
Tras iniciar el segundo año de gestión del actual Gobierno, la minería es uno de los sectores que requiere de una nueva estrategia de participación del Estado para recuperar la competitividad que se ha perdido, si se quiere mantener una economía estable e incrementar el empleo para los peruanos.
Quienes conocemos sobre la experiencia y capacidad de la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, sabemos que tiene varios retos por afrontar.
En primer lugar, generar una participación más activa –y diferenciada– por zonas geográficas o necesidades de la población será necesario para que este gobierno actúe más como aliado de la inversión y priorice la atención a las poblaciones cercanas a los proyectos mineros. Esto, con la finalidad de prevenir los conflictos sociales que hoy detienen operaciones mineras que generan desarrollo, nuevas oportunidades y recursos a la nación.
Por otro lado, está el reto de reducir los conflictos sociales. Una acción que implica llevar –de manera urgente– servicios básicos como agua, educación, energía, salud, agricultura, entre otros, a las poblaciones cercanas a los proyectos mineros. Este trabajo, que evidentemente debe ser desarrollado en conjunto con los ministerios correspondientes y los gobiernos regionales y locales, necesita una estructura que priorice las acciones de manera transparente para evitar que los recursos se pierdan en la corrupción.
Otro factor importante es la regulación y optimización de los tiempos de atención de las instituciones públicas. Es necesario que estos procesos sean más eficientes y sencillos –sin descuidar la protección al medio ambiente–, pero que tomen en cuenta el tamaño de las operaciones mineras (las empresas medianas y pequeñas tienen ciclos de vida más cortos) y puedan verificarse después con el ente fiscalizador cuando el proyecto entre en operación. Así solo se le requerirá a las empresas lo necesario para no distraer con mucha información al funcionario público y que pueda cumplir con su labor en el tiempo normado.
Por último, respecto de los permisos, es vital que el Ministerio de Energía y Minas –así como las demás instituciones– se rijan por conceptos técnicos, mas no políticos, para otorgarlos. De esta manera se evitarán episodios como los que vivimos actualmente, en los que existen proyectos que siguen en cola para su aprobación debido al miedo que tiene la entidad pública para dar su visto bueno.
Sabemos que el camino no es fácil, pero se tiene que seguir en la línea de mejorar la competitividad del sector para atraer mayor inversión y desarrollo al Perú.
