Existe consenso universal respecto a que, sin inversión en infraestructura a gran escala, la economía global no podrá retornar a un crecimiento sostenido.
En esta línea, a principios de octubre, el FMI presentó su informe WEO sobre perspectivas de la economía mundial, donde señala que la eficacia de la inversión masiva en infraestructura, medida por su impacto sobre el crecimiento del PBI, será mayor si la inversión se hace en momentos de desaceleración, se maneja con eficiencia en proyectos rentables, y -esto es particularmente clave- se financia emitiendo deuda, antes que elevando impuestos o recortando otros gastos. Esto último ocurre porque invertir en infraestructura con deuda a largo plazo impacta más sobre el producto, mientras la relación deuda pública/PBI declina.
Efectivamente, el costo de capital de la obra es superado largamente por los beneficios directos mientras se construye, más los beneficios indirectos e inducidos a mediano y largo plazo mientras crecen el empleo y la oferta de bienes y servicios, viabilizados por la existencia de la nueva infraestructura que reduce los costos logísticos e incrementa la competitividad.
Esto se puede medir. El multiplicador de la deuda contraída a digamos 30 años se puede estimar en 4.60, a partir del precio de un bono cero cupón a 30 años (21.7%). El multiplicador de los proyectos se mide caso por caso. ESAN, en su estudio “El Despegue del Perú”, encontró que, para seis asociaciones público privadas (APP) estudiadas, la proyección de sus beneficios medidos por su aporte al PBI, puestos en valor presente, resultan en promedio 9.13 veces mayores que la inversión en la construcción de la obra respectiva. Y esta cifra debe ser mayor, porque en los casos de IIRSA Norte e IIRSA Sur se consideró solamente el periodo 2006-2010, y no toda la vida de esas dos concesiones.
En la medida que el numerador (deuda) crece 4.60, mientras que el denominador (producto) crece 9.13, se verifica que la relación deuda/producto decrece a lo largo del tiempo, como sostiene el FMI.
A continuación, cabe preguntarnos ¿puede Perú enfrentar el esfuerzo fiscal de un programa de endeudamiento orientado a cerrar la brecha en infraestructura mediante APP e iniciativas privadas (IP)?
AFIN ha puesto a consideración del Gobierno un programa de APP e IP para ser adjudicadas en el periodo 2014-2018 y construidas a lo largo de diez años por cerca de $80,000 millones. Con esto se cerraría la brecha proyectada al 2021, estimada en $88,000 millones.
Asumiendo cinco años de construcción por proyecto y un cofinanciamiento de 50%, el flujo acumulado de endeudamiento requerido para ejecutar el programa de APP e IP mencionado equivale a 17.3 % del PBI, estimando un crecimiento anual promedio de solo 3% (equivaldría a 20% del PBI estimando crecimiento cero). Perú tiene ahora un endeudamiento público bruto equivalente a 19.2%.
El endeudamiento público originado por el cofinanciamiento de obras se acumularía progresivamente a lo largo de una década y sumado al endeudamiento actual llegaría a alcanzar hipotéticamente 36.5% del producto. Colombia hoy, por ejemplo, tiene una deuda pública equivalente a 65% de su producto, y es el país de moda en la economía latinoamericana.
El endeudamiento proyectado es manejable y, lejos de afectarla, mejoraría la calificación de riesgo crediticio del Perú porque se estaría invirtiendo continuamente en cerrar la brecha de infraestructura, equipando al país y fortaleciendo su dinámica económica, mientras las APP e IP generan empleo, incrementan la recaudación tributaria y reducen la pobreza con efectos perdurables por décadas.
La conveniencia y necesidad de incrementar progresivamente el endeudamiento público para ejecutar un programa de mediano plazo de APP e IP va contra la corriente del marco macroeconómico multianual (MML) 2015-2017 que establece la meta de reducir el nivel de endeudamiento peruano a 17.5% del producto al 2017.
Se necesita refrescar criterios y adecuarlos a la necesidad de atacar la brecha en infraestructura. Un cambio de criterios en el MML está en la orden del día.
En conclusión, Perú muestra solvencia fiscal y necesita lanzar un programa de APP e IP a mediano plazo si desea captar inversionistas institucionales y más postores en los concursos que organiza ProInversión. Para esto, necesita seleccionar cuidadosamente cada proyecto por su rentabilidad económica y social y su contribución al cierre de brechas, concursarlos con transparencia y atraer más postores, además de mejorar los contratos.
Debemos tener siempre presente que las necesidades de infraestructura no están sujetas a los ciclos de precios de los commodities, es más, cuanto mejor y más infraestructura tengamos, podremos soportar mejor dichos ciclos y enfrentar los vientos en contra, porque el mercado interno se expandirá y fortalecerá, y la economía se irá diversificando.
