Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, considera que las expropiaciones son la principal traba que impide que se pongan en marcha las inversiones privadas en los grandes proyectos de infraestructura adjudicados, de cuyo avance de obras depende la recuperación del crecimiento económico este año. La presidenta de Ositran, por su parte, señaló que el tema de las expropiaciones el Estado tiene que enfrentarlo de otra manera, porque si no va a terminar convirtiéndose en el cáncer de nuestro sistema de asociaciones público-privadas (APP).
Tienen razón, hay proyectos que no arrancan por años, y otros están detenidos hace media década o más porque el Estado no logra ejecutar las expropiaciones. Esto afecta todo tipo de infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, líneas del Metro, gasoductos, entre otros. Se puede estimar US$ 15,000 millones en obras de APP detenidas, que cada año que pasa elevan sus costos en unos US$ 750 millones. Estamos ante potenciales pérdidas de miles de millones en perjuicio del país.
El Estado a veces actúa con cierta indiferencia. Cuando se aprueban nuevas normas, los responsables se relajan como si las expropiaciones fueran a darse en automático, y no ocurre mayormente nada. Así pasan los años.
El Estado no logra resultados en este tema y entonces, como una opción más, por ejemplo,- ¿por qué no encargarle las expropiaciones a los concesionarios privados a cargo de las obras? A ellos debe interesarles que después de firmado el contrato y logrado el cierre financiero, las obras empiecen pronto y continúen sin interrupciones.
Resulta que hacer tal encargo no es necesariamente posible, pues existen disposiciones que no siempre permiten al concesionario de la APP pagarle directamente al propietario del terreno por cuenta del Estado la suma acordada por la expropiación (previamente autorizada por el Estado), y que después el Estado reembolse al concesionario lo pagado por el terreno expropiado.
Faltan herramientas
Se necesita un menú de herramientas, que puedan combinarse o utilizarse indistintamente, para viabilizar las expropiaciones. La dificultad es monumental, así que todo ayuda. No basta una sola norma.
Primera herramienta, el concedente en una APP sabe qué expropiaciones son necesarias para cada obra, y debiera determinar de antemano la situación de la propiedad de los terrenos y su titulación, de modo que cuando se firme el contrato se pueda proceder sin dilaciones a su saneamiento y expropiación. Esto forma parte del proceso de “entregar las vías despejadas” y es una obligación del Estado.
Segunda, prorrogar por 36 meses la facilidad o vía rápida para expropiaciones establecida para proyectos específicos declarados de interés, aprobada por Ley 30025 de mayo 2013, que caduca en mayo próximo y necesita prorrogarse.
Tercera, modificar el reglamento de la ley marco de APP, para permitir que el concesionario negocie y realice la expropiación por cuenta del Estado y a nombre de este, y la pague con su plata. Posteriormente, tras presupuestarlo, el Estado reembolsa al concesionario el monto que pagó.
Cuarta, como en los hechos no se cuenta con recursos presupuestales suficientes para pagar expropiaciones, ya que no se sabe en qué año se van a materializar, convendría estructurar un fondo para expropiaciones con recursos de alguna multilateral, para tener una caja disponible, de manera que el privado gestiona el acuerdo con el propietario, y luego pide recursos al fondo para pagar por la expropiación por cuenta del Estado. El Estado reembolsa posteriormente a la multilateral los recursos girados. Se necesitarían recursos por un 5% del monto de los proyectos de APP e iniciativas privadas cofinanciadas (IPC) que involucran expropiaciones.
Quinta herramienta, se necesita establecer criterios que permitan expropiar, digamos, un 5 % de terrenos de más, porque es posible que al momento de la expropiación aún no se conozca el trazo definitivo, que puede cambiar algo tiempo después al completarse la ingeniería de detalle.
Aunque las herramientas tercera y cuarta de primera impresión parecerían excluyentes o redundantes, en la práctica mejor es contar con ambas porque nunca se sabe si una u otra tendrán dificultades para su aplicación en la vida real.
Hay APP trabadas principalmente por expropiaciones, pero las dificultades no se acaban con el pago al propietario por la expropiación, suele también necesitarse obtener el certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA), y liberar interferencias que afectan la concesión tales como redes eléctricas y telefónicas, pozos de agua, canales de regadío, que también requieren expedientes y aprobaciones de los funcionarios y los propietarios.
El problema no es que existan problemas, el problema es que no sabemos superarlos. Ayudaría bastante poner orden dentro de los ministerios que actúan como concedentes a cargo de las APP y lograr que sus funcionarios dejen de obstaculizar los procesos y actúen con sentido común. Las normas que impulsa el MEF son bienintencionadas, pero si en la práctica se quedan en el papel, las obras no avanzarán.
Una vez dictada la norma, la pelota no está en la cancha de los empresarios, porque no se trata de un partido Estado versus privados, sino Estado + privados contra las trabas y los funcionarios que traban.
Lo que cuentan son las inversiones y obras en marcha, es decir, no importa la cantidad de normas antitrabas bienintencionadas que se dicten, sino sus resultados.
