Gianfranco Castagnola, Presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría
El Comercio, 15 de agosto de 2017
Ante el decepcionante desempeño de la economía en el último año, el Gobierno apuesta firmemente por el impulso fiscal como instrumento de reactivación. Es una decisión válida, que va a requerir de un gran esfuerzo del MEF para monitorear y asegurar un elevado ritmo de ejecución del gasto público en los próximos 18 meses. Sin embargo, esta apuesta puede resultar insuficiente si no es acompañada por una visión de crecimiento de mediano plazo, que se focalice en la recuperación de la inversión privada. Sin esta, no habrá generación de empleos ni recursos fiscales que den sostenimiento a la reactivación a partir del 2019.
En el corto plazo el gasto público es la única herramienta disponible de política económica que puede revertir el estancamiento que sufre la actividad productiva. Si el MEF realiza un seguimiento muy cercano a los principales proyectos de inversión pública, sería posible un crecimiento del 4% en el 2018. Pero este esfuerzo fiscal tiene un límite. La inversión pública solo pesa el 5% del PBI y déficits fiscales que se mantengan alrededor del 3% del PBI pueden llevar el endeudamiento público a niveles mayores a los deseables. Tampoco podemos sentarnos a esperar que un nuevo ciclo positivo de precios de los metales nos rescate del marasmo. Por tanto, es indispensable revertir la caída de la inversión privada. Para ello, el Gobierno debiera trabajar en elevar la competitividad de nuestra economía y facilitar la inversión en actividades productivas. Sin embargo, no se percibe una visión compartida ni un sentido de urgencia en ministerios importantes para esta tarea.
Es cierto que algunos temas fundamentales para promover la competitividad requieren de acuerdos políticos difíciles de alcanzar. Es el caso de la reforma laboral. Según la OCDE, el Perú tiene hoy la novena legislación más rígida del mundo. Ojalá el Congreso y los líderes de opinión entiendan la necesidad de movernos en la dirección correcta.
Existen otras áreas, no obstante, donde la pelota sí está en cancha del Ejecutivo y en las que es posible avanzar, si hay visión y voluntad de hacerlo. Es lo que está ocurriendo en el sector Transportes, donde el ministro Bruno Giuffra en poco tiempo ha destrabado dos megaproyectos: el nuevo aeropuerto de Lima, que significará una inversión de US$1.500 millones –el mayor proyecto privado no minero o de hidrocarburos de nuestra historia–, y la línea 2 del metro. La inversión en este tipo de proyectos aumenta la competitividad del país y mejora el bienestar de la población.
Lamentablemente, no se percibe claridad en la dirección ni ganas de hacer cosas trascendentes en otros sectores vitales para nuestra economía. Es el caso del sector Agricultura. Se esperaría un fuerte liderazgo para desarrollar el sector forestal o para colaborar con los gobiernos regionales en el destrabe de proyectos como Chavimochic III, Alto Piura o Majes Siguas II. Pero no. Temas como la definición de “producto lácteo”, la supuesta especulación en la reciente escasez del limón y el porcentaje de cacao en el chocolate Sublime ocupan la agenda de ese ministerio.
Lo mismo ocurre en Produce. No queda clara su agenda. Se anuncia la propuesta de una ley para promover el desarrollo de la acuicultura a través de incentivos tributarios, cuando se ha demostrado la ineficacia de este tipo de medidas. El enfoque para las actividades productivas debiera ser uno que no involucre subsidios tributarios, sino más bien un trabajo poco glamoroso pero más efectivo: revisar la normativa y los procesos para encontrar los cuellos de botella que restringen el florecimiento de estas actividades. El trabajo con los actores involucrados en mesas ejecutivas, establecidas en el gobierno anterior, es un instrumento mucho más eficaz.
Pero, además, Produce está frenando iniciativas privadas que generan empleo formal –uno de los objetivos que se impuso el Gobierno–. Es el caso de la construcción de un centro comercial en Tacna, ciudad que se encuentra dentro de los 50 kilómetros de la frontera y donde inversionistas extranjeros requieren de un permiso especial para poder ejecutar sus proyectos. Una encuesta de Ipsos muestra que el 74% de la población aprueba la construcción de un centro comercial.
Esta base constituía una muy buena plataforma para crear un
consenso alrededor de este proyecto (cerca de US$100 millones, 5.000 puestos de trabajo formales en su operación). Pero el ministerio cedió a la presión mercantilista de un grupo minoritario de comerciantes de la ciudad y de políticos que, bajo la excusa de un supuesto patriotismo, esconden su agenda antiinversión privada.
Si el Gobierno quiere que el probable crecimiento económico en los siguientes 12 meses sea sostenible, necesita contar, en las carteras productivas, con ministros que tengan una clara visión, que entiendan qué políticas son eficaces para alcanzarla y que tengan, sobre todo, el liderazgo para tomar decisiones y convencer a la ciudadanía de sus beneficios.
