El Comercio, 23 de Mayo de 2017
“Es obvio que el hecho de que ciudadanos o empresas extranjeras sean propietarios o inquilinos de inmuebles urbanos no afecta la seguridad del país”.
El nacionalismo económico ha recrudecido en todo el mundo y se manifiesta tanto a través de propuestas proteccionistas frente al comercio exterior como de actitudes xenófobas en las políticas migratorias. El Perú, pese a la apertura y desregulación de su economía de los últimos 25 años, no es ajeno a esta tendencia y por ello persisten restricciones que obstaculizan el desarrollo económico y el bienestar de las personas. Dos buenos ejemplos son las limitaciones a la inversión extranjera en zonas de frontera y las restricciones a la actividad de transporte marítimo entre puertos peruanos, llamado cabotaje.
La Constitución establece que “dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía”. Solo pueden hacerlo en caso de necesidad pública, con aprobación en el Consejo de Ministros. Siempre se interpretó que la posesión de “tierras” se refería a predios no urbanos, por lo que no se impedía a los extranjeros adquirir y poseer inmuebles en ciudades ubicadas dentro de los 50 kilómetros. Tan es así, que en Tacna, por ejemplo, nunca se cuestionó que migrantes italianos adquirieran inmuebles y ejercieran actividades empresariales que dieron dinamismo económico a la ciudad. Igualmente, muchas filiales de empresas extranjeras operan en diversas ciudades de frontera, sin problemas.
Sin embargo, hace algunos años, la Sunarp empezó a interpretar que “tierras” incluía todo tipo de propiedad, incluso inmuebles urbanos. Desde entonces, cualquier extranjero o empresa extranjera debe pasar por un engorroso trámite para poder adquirir –e incluso alquilar– una propiedad en esos territorios. Primero debe ir al ministerio de su rubro a presentar una solicitud que es derivada al Ministerio de Defensa, donde el Comando Conjunto, previa visita de inspección al terreno o inmueble, debe opinar sobre el impacto en la seguridad del país de esa posible adquisición o alquiler. De ser favorable, el Ministerio de Defensa lo comunica al ministerio del rubro, para que este lo presente al Consejo de Ministros, donde debe declararse de “necesidad pública”.
Esta absurda interpretación ya le está pasando la factura a Tacna. Contrariamente a visiones patrioteras, los tacneños hemos tenido, a lo largo de nuestra historia, una relación muy cercana con Arica, basada en un intenso intercambio comercial y cultural. En los últimos años, esta relación ha favorecido económicamente a Tacna. Diariamente cruzan la frontera 5.000 chilenos, que visitan la ciudad en búsqueda de servicios de salud, compras y experiencias gastronómicas. Parte importante de la actividad económica de Tacna proviene de este movimiento turístico.
Es por ello que desde hace seis años, dos operadores extranjeros han venido intentando obtener la autorización para construir centros comerciales en esa ciudad, sin éxito. Durante el gobierno anterior, uno de ellos lo tramitó dos veces, pero la solicitud fue denegada por el Ministerio de Defensa, quizás por considerar que la existencia de un centro comercial constituye un alto riesgo a la seguridad del país. Como referencia, la construcción e implementación de un centro comercial genera una inversión de más de US$100 millones y empleo formal para más de 1.000 personas. Esas cifras mueven el amperímetro económico de una ciudad de economía pequeña como Tacna. Por ello, la población y la Cámara de Comercio de Tacna han apoyado estas iniciativas.
En el camino, uno de esos inversionistas decidió construir el centro comercial en Arica –y otro, un ‘power center’ en la misma área–. Más allá del impacto económico durante la fase de construcción, es probable que parte del flujo turístico se revierta en favor de Arica. Sus ciudadanos debieran erigir un monumento en homenaje a nuestro ex presidente Ollanta Humala, que logró lo que durante 20 años las autoridades ariqueñas no pudieron.
Es indudable que ese artículo de la Constitución debe ser modificado. Es obvio que el hecho de que ciudadanos o empresas extranjeras sean propietarios o inquilinos de inmuebles urbanos no afecta la seguridad del país. Lo que sí es peligroso es que las economías de los territorios fronterizos se estanquen e informalicen aún más.
Otra actividad que es afectada por una visión nacionalista de la economía es el cabotaje –esto es, el transporte marítimo entre puertos peruanos–. Hoy, para realizarlo, las navieras nacionales están obligadas a tener embarcaciones propias. El alquiler está permitido por solo seis meses –o con un contrato que necesariamente termine en una compra–. Es una barrera a la actividad que no tiene ninguna lógica. Para determinadas distancias y volúmenes de carga, el cabotaje es más eficiente que el transporte terrestre. ¿Por qué no permitir el alquiler de embarcaciones extranjeras? ¿Quién se beneficia con esta barrera? Hace unas semanas el Congreso aprobó un proyecto legislativo que permitiría ampliar el plazo de arrendamiento de seis meses a cinco años. Es buena la intención, pero insuficiente. El mercado debería liberalizarse, como se ha hecho en toda la economía.
El nacionalismo económico debe ser erradicado si queremos crecer a buen ritmo y modernizar nuestra economía, en beneficio de todos.
