Por: Gianfranco Castagnola, Presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría
El Comercio, 5 de diciembre de 2018
En su presentación en CADE, el presidente Martín Vizcarra mostró su satisfacción porque el país viene creciendo a un ritmo del 4% a pesar de la turbulencia política que ha atravesado en los últimos tiempos y se comprometió a promover medidas que contribuyeran a recuperar la competitividad perdida. También mencionó que impulsaría proyectos que hoy están atascados. Ojalá sus ministros lo acompañen en este esfuerzo, pues se trata de iniciativas con gran potencial para el crecimiento económico y el bienestar de la población.
Ejemplos hay muchos. Un primer grupo está en la agroindustria moderna. Hace 10 años exportábamos US$1.300 millones; hoy, US$5.300 millones (estamos entre los cinco mayores exportadores del mundo en espárragos, paltas, arándanos, uvas, mangos, alcachofas y banano orgánico), la industria genera 333 mil puestos de trabajo directos formales y ha reducido de manera significativa la pobreza en el campo, todo ello gracias a la acción conjunta Estado-sector privado. El primero contribuyó con proyectos de irrigación, apertura de mercados vía tratados de libre comercio, acceso a mercados con la excelente labor de Senasa –con el apoyo de gremios privados–, y una normativa laboral que reconocía la estacionalidad de la actividad –y que, inexplicablemente, el actual ministro de Trabajo intentó que no fuera prorrogada–. El sector privado arriesgó e invirtió, generó conocimiento a través de la investigación y desarrollo, y se capitalizó. En el 2007 solo tres empresas exportaban más de US$50 millones al año; hoy lo hacen 14. Lamentablemente, pronto no tendrán mucho espacio de expansión si el gobierno no destraba proyectos que podrían aumentar significativamente las cerca de 250 mil hectáreas que hoy ocupa el agro moderno.
Un caso emblemático es Majes-Siguas II. Otorgado en concesión en el 2010, estuvo paralizado durante varios años por una disputa entre Cusco y Arequipa por el recurso hídrico, tema que fue resuelto en el Tribunal Constitucional. Luego de reanudarse, se paralizó nuevamente por la falta de voluntad política del Gobierno Regional de Arequipa y del Gobierno Central para aprobar un cambio tecnológico que, si bien involucraría una inversión mayor, generaría beneficios relevantes al proyecto. Según un estudio de Macroconsult, en su etapa de construcción (US$657 millones) se crearán 5.500 puestos al año y, cuando finalmente entre en operación, sus 38,5 mil hectáreas producirán US$1.000 millones de exportaciones y generarán 70 mil puestos de trabajo directos al año.
Chavimochic III (63,5 mil hectáreas nuevas y 48 mil mejoradas), Chinecas (33 mil nuevas, 10,5 mil mejoradas) y Alto Piura (19 mil nuevas, 31 mil mejoradas) también están paralizados, a la espera de resolver temas contractuales o legales. Si estos cuatro proyectos se destrabaran, el Perú podría gozar de un nuevo boom agroexportador sobre la base de un sector empresarial consolidado y con profundo conocimiento de la actividad.
En minería, Tía María es un caso emblemático de un proyecto que no arranca a pesar de que ha cumplido correctamente con todos los permisos y donde la empresa ha hecho un diligente trabajo de acercamiento a la población. Según Southern Copper, en su etapa de inversión (US$1.400 millones) generaría nueve mil puestos de trabajo directos e indirectos y, en la de operación, 650 directos y 3.500 indirectos, se exportarían US$800 millones y Arequipa se beneficiaría con ingresos por Impuesto a la Renta y regalías de S/270 millones al año. Este proyecto y Majes Siguas II tendrían un impacto significativo en esta región. Cuesta entender la indiferencia de sus autoridades para sacarlos adelante.
En el área social resulta incomprensible que no seamos capaces de reproducir experiencias exitosas. Desde hace cuatro años operan las dos primeras alianzas público-privadas en Essalud. Se trata de los hospitales Alberto Barton en el Callao y Guillermo Kaelin en Villa María del Triunfo, cuya construcción e implementación implicó una inversión cercana a US$50 millones en cada caso. El modelo es uno que incluye la gestión clínica (“bata blanca”), es decir, el concesionario presta el servicio médico propiamente dicho, mientras que Essalud mantiene la propiedad, financia el sistema y controla la calidad de la prestación. Cada hospital tiene asignados 250 mil asegurados, por los que recibe un pago per cápita al año, lo que promueve la medicina preventiva. Los resultados son notables: las calificaciones de los asegurados respecto de la calidad del servicio son significativamente mayores a los de los hospitales directamente administrados por Essalud; y el costo por asegurado es menor al de estos. No repetir esta experiencia solo se explica por la presión de grupos de interés a quienes poco les importa la razón última de ser de Essalud, que es un servicio de calidad para los asegurados.
Estos son unos cuantos ejemplos de cómo la población está dejando de recibir grandes beneficios debido a la indolencia burocrática o a la falta de liderazgo político. Hasta ahora, ha sido más fácil y seguro no hacerlo, pero es un lujo que no podemos permitir los peruanos.
*El autor es miembro del Comité Consultivo de Cobra (concesionaria del proyecto Majes Siguas II).
