Por: Germán Lora
El Comercio, 16 de abril del 2022
“A fines de febrero del presente año, se modificaron las reglas para la tercerización de servicios, prohibiendo su utilización en actividades del núcleo del negocio”.
Mi padre –a quien dedico este artículo por su reciente partida– me decía que, en todo aspecto de la vida, la forma es tan importante como el fondo. Sin embargo, parece que ello no lo tiene en cuenta el Poder Ejecutivo en cuanto a los temas laborales.
A fines de febrero del presente año, se modificaron las reglas para la tercerización de servicios, prohibiendo su utilización en actividades del núcleo del negocio. Sin embargo, el mecanismo legal que se utilizó para hacerlo tiene graves observaciones de forma, fuera de su falta de sociabilización. Para justificar los visos de inconstitucionalidad, los funcionarios del MTPE señalaron que el reglamento original de la ley había cometido las mismas irregularidades.
Por otro lado, la remuneración mínima vital fue incrementada sin que dicha medida fuera debatida y analizada en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), conforme lo establece nuestra Constitución. El hecho de que la ministra de Trabajo haya buscado imponer su discusión –sin el acuerdo exigido en las normas del CNT– no exime de la necesidad de su debate en este foro. El argumento “técnico” para el incremento –a pesar de la crisis económica– es que en países vecinos las remuneraciones mínimas habían sido incrementadas.
Pero el tema no queda allí. Ahora se viene la tantas veces promocionada Ley General del Trabajo (LGT). En este caso se nos quiere “vender” que la finalidad de proponer una LGT es la integración en un solo documento de todas las normas que rigen las relaciones laborales individuales y colectivas, cuando en realidad lo que se busca es la modificación sustancial de diversos aspectos de las relaciones laborales.
La eliminación del contrato de trabajo por incremento de actividad, el reiterar la prohibición de tercerizar la actividad nuclear del negocio, regresar a la obligación de registrar los contratos, la reducción sustancial de los plazos de contratación temporal y la posibilidad de formar sindicatos con solo 10 trabajadores son algunas de las medidas que quieren ser impuestas sin mayor debate.
En el caso de que este proyecto sea aprobado, tendríamos –en un muy corto período de tiempo– una nueva regulación laboral, lo que generaría un caos en las entidades empleadoras que tendrían que gestionar –de la noche a la mañana– dicho cambio, cuando las mismas no terminan de recuperarse de la crisis económica producto de la pandemia, ni de la crisis social y política que vive nuestro país. En este sentido, nos preguntamos si es oportuno insistir con la LGT, salvo que solo se busque cumplir las promesas efectuadas a las organizaciones sindicales.
Va quedando claro que la línea del actual gobierno no es la formalización de las relaciones laborales, sino imponer modificaciones a las normas laborales en la línea de la agenda de trabajo acordada solo con los gremios sindicales –dejando solamente en papel el tan mentado diálogo social– sin ningún análisis técnico y sin que tampoco exista un Ministerio de Economía o Ministerio de la Producción que pudiera poner freno a este ímpetu.
