Germán Serkovic González
Para Lampadia
De nuevo lo previsible, el rendimiento de los estudiantes peruanos de quince años sigue siendo alarmantemente deficiente en los temas de matemáticas, ciencias y lectura. En otras palabras, nuestros jóvenes tienen dificultades para desarrollar elementales operaciones matemáticas, para aprender básicos enunciados científicos y, lo más grave, complicaciones serias a la hora de comprender lo que leen. Otro dato interesante, es que en promedio los alumnos de los centros educativos privados han obtenido resultados bastante mejores que los de las escuelas públicas.
De lo expresado con anterioridad se pueden colegir varias conclusiones.
En primer lugar, que pese a que los fondos públicos destinados a la educación han venido elevándose de modo muy significativo desde los primeros años de este siglo, los resultados positivos han sido casi inexistentes o sencillamente nulos.
La situación es difícil de comprender en la teoría; en la práctica se observa que las ingentes cantidades asignadas al sector educación han sido dirigidas al gasto corriente, esto es, más contrataciones y mayores sueldos para los maestros y la burocracia así como más dinero para consultorías de irrelevante utilidad, pero sin una contrapartida visible en los resultados beneficiosos para los estudiantes.
Desde hace décadas, concretamente desde la administración Humala, en el Ministerio de Educación se ha asentado una práctica viciosa consistente en contratar como asesores -con muy buenos ingresos- a los funcionarios que por el cambio de ministros dejaban de laboral en el sector. Así, se ha creado una red de amiguismos y favores mutuos entre personajes de un mismo sector político -no es necesario mencionarlo, pero gustan del caviar- que parasitan la administración, la direccionan en base a sus simpatías partidarias y traban su desarrollo.
Hace relativamente poco, una connotada congresista para justificar sus contrataciones anteriores como asesora del sector educación, se definía como “profesional altamente calificada”. En la actividad privada, un profesional calificado lo es por el logro de los objetivos planteados, no por su propia y muy subjetiva auto calificación. No es dable en una empresa privada que a un exfuncionario que mostró resultados mediocres se le contrate como asesor. La empresa tiene responsabilidades con sus accionistas y con sus empleados, no está en sus objetivos ser pródiga con el dinero. Obviamente, este criterio no es el imperante en la administración pública donde la eficiencia en el gasto es -lamentablemente- secundaria, pero es en verdad un crimen en un país como el nuestro en el que las necesidades son infinitas y los recursos -el dinero- contados con los dedos.
En segundo lugar, se muestra que la enseñanza impartida en los centros educativos privados está -en general- por encima de la de los colegios públicos. El dato es demoledor para los simpatizantes de contar con un gran Estado. ¿Cómo puede plantearse que el Estado se dedique a temas ajenos a sus finalidades -las empresas públicas, en buen castellano- si es absolutamente deficiente para administrar con prudencia lo mínimo que debe garantizar que es educación, salud y seguridad para la población?
Lo primero que hace una familia que logra surgir con mucho esfuerzo y en base a múltiples privaciones, es tratar de matricular a sus hijos en un centro privado de educación. Los padres son conscientes que la educación es un elemento importantísimo en el bienestar de las personas y en su futuro acceso a una educación universitaria así como para el ingreso al mercado formal de trabajo. Son conscientes también, que la educación pública es, salvo excepciones, un desastre. La resistencia permanente del sindicato de maestros afiliado al partido comunista Patria Roja, a las evaluaciones tiene mucho que ver en esta pésima percepción de la educación pública. Los argumentos de esta negativa reiterada a las apreciaciones calificadas del rendimiento de los docentes, son muchos, pero insustanciales. Al maestro hay que evaluarlo en las clases, dicen los que no superaron los exámenes. Suena bien, pero ¿Quién los va a calificar? ¿Los alumnos? ¿En base a que criterios? Es un juego de palabras para perpetuar la incapacidad.
El autor de estas líneas tiene el orgullo de haber estudiado en un colegio de formación marista y en base a esa experiencia puede afirmar sin asomo alguno de duda, que los hermanos maristas no hubieran permitido que un profesor como Pedro Castillo dicte ni dos minutos de clase sin expectorarlo del modo más expeditivo. Es una pena decirlo, pero los Castillos no son pocos en la enseñanza pública y lo más triste es que la sociedad no termina de darse cuenta del gravísimo daño que están generando en nuestros niños.
Dicen las izquierdas que la educación no puede ser un negocio. Una tontera de criterio. En los últimos años hemos visto como un grupo de empresarios responsables han creado colegios en zonas populosas con un muy buen nivel y pensiones asequibles. ¿Es un negocio? Por supuesto, ganan por que prestan un buen servicio, pero para los socialistas eso es anatema.
El sector educación requiere un cambio total de criterios y de personas, pero no se hace nada -y la experiencia comparada nos muestra que es posible hacerlo y en plazos cortos- ni desde el gobierno ni desde el Congreso. Con una educación pública como la actual, existen muy pocas posibilidades de desarrollo.
Hay que tener en cuenta que las evaluaciones Pisa se realizan sobre estudiantes de quince años, y esos mismos estudiantes en tres años más serán ciudadanos con derecho a voto. Estamos en la obligación de garantizarles una educación de nivel para lograr posteriormente ciudadanos responsables. Se lo merecen. Lampadia
