Por: Gabriel Amaro, Presidente de AGAP
Gestión, 15 de Junio del 2023
Las políticas públicas deben transformarse en catalizadores de competitividad y desarrollo”.
En los últimos años, el mundo viene atravesando por una serie de crisis que vienen afectando a todos los países, el Perú no es ajeno a ello. Sin embargo, esta situación se agrava en el país por la inestabilidad política, la corrupción, las malas decisiones de política pública, el populismo, entre otros factores que han afectado negativamente la vida de los ciudadanos y el crecimiento y desarrollo del país. A esto le agregamos los problemas climatológicos y las movilizaciones violentas que conmocionaron al país durante los primeros meses del actual Gobierno.
En este marco, muchos países se vienen preparando para enfrentar esta situación y sobre todo para darle sostenibilidad a su sector agrario, recordemos que estamos también frente a una crisis alimentaria global. Según el World Economic Forum (WEF), los cinco principales riesgos globales que enfrentaremos el presente año son: crisis del suministro de energía, crisis del costo de vida, crisis de la cadena alimentaria, aumento de la inflación y ciberataques a la infraestructura crítica. Mientras que las principales crisis que para el 2025 serían: crisis del costo de vida, desastres naturales y eventos con climas extremos, confrontación geoeconómica, fallo en la mitigación del cambio climático y erosión de la cohesión social y polarización social. Varias de ellas ya las estamos enfrentando en nuestro país.
Las instituciones internacionales como el Banco Mundial recomiendan que se implementen políticas públicas que impulsen la productividad, la inversión, el comercio y el empleo ante la desaparición de las fuerzas económicas que han promovido el crecimiento y desarrollo de los últimos 30 años.
Sin embargo, en el caso del sector agrario peruano se le ha afectado gravemente en su competitividad y sostenibilidad al derogar la Ley de Promoción Agraria y aprobar leyes como la actual ley agraria y demás regulación, que disminuyen la generación de empleo formal e incrementan la pobreza e informalidad en el sector agrario, y que además vienen frenando su crecimiento, generando perjuicios a pequeños, medianos y grandes productores y en general a toda la cadena productiva.
Además de los aspectos negativos que incrementaron los costos de producción y llevaron al límite la capacidad de los productores y empresas en 2022: incremento de Fletes marítimos y fertilizantes, los tipos de cambio dólar vs euro y sol vs dólar, inflación y recesión en mercados de destino, la guerra entre Rusia y Ucrania, incremento compulsivo del salario mínimo agrario de manera no técnica, tasa de interés bancaria, entre los más importantes.
Tenemos un tremendo potencial en la agricultura y una industria formal agraria de primer nivel. Pero, ¿estamos haciendo lo suficiente en el Perú para el sector agrario? Aún no, no basta solo enfrentar las situaciones de crisis internas, sino que tenemos que hacer frente, como país, a un panorama complejo y retador, con medidas disruptivas que ayuden a incrementar la inversión y preservar el empleo, disminuir la pobreza y el impacto en el ciudadano. Es urgente implementar un plan para recuperar la competitividad y crecimiento enfrentando las crisis como equipo sector público y privado.
¿Qué medidas se deben adoptar? En primer lugar, es necesario modificar rápidamente la regulación que afecta el sector para devolverle su carácter promotor con normas que realmente impulsen su competitividad, disminuyan los riesgos y eliminen los sobrecostos en todos los aspectos, a fin de retomar el crecimiento de las inversiones, preservar y seguir generando empleos y darle sostenibilidad a la cadena productiva agraria. Esta acción debe venir acompañada del fortalecimiento del trabajo público-privado, esencial para entender las necesidades reales y aplicar medidas correctivas efectivas que tengan un impacto rápido y positivo sobre el sector.
Es fundamental aplicar una política agresiva de apertura de nuevos mercados, principalmente en Asia, y mejorar las condiciones para las agroexportaciones peruanas en los mercados ya abiertos, implementar fondos de garantías que disminuyan el alto costo de los créditos y seguros, establecer medidas compensatorias para preservar las inversiones y el empleo, trabajar urgentemente en la infraestructura productiva desde irrigación, caminos y puentes hasta puertos y demás, impulsar el cabotaje, apoyar las iniciativas privadas de educación técnica, fortalecer el Senasa y sus diversos programas de inspección y sanidad vegetal, promover los productos peruanos en los diferentes mercados con Promperú y buscar nuevas oportunidades, impulsar la investigación en nuevos cultivos, acelerar el proceso de integración del pequeño productor a la cadena moderna productiva y apoyo para hacer frente a las nuevas regulaciones de la UE, además de otras medidas. Ello es de suma importancia en un contexto en el que se aprecia escenarios complejos, comportamientos atípicos de los mercados y una desaceleración del crecimiento global.
Cierro con estas palabras: para hacer sostenibles las operaciones agrarias pequeñas, medianas y grandes, se requiere ser competitivos, para lo cual las políticas públicas deben transformarse en catalizadores de competitividad y desarrollo. Hagámoslo realidad.
