Franco Gouffra, Empresario
El Comercio, 10 de agosto de 2017
El ministro de Agricultura debe irse a su casa. No ha comprendido que el país necesita inversión, emprendimiento, economía de mercado. Podría ser un buen integrante de un gobierno izquierdista, antiempresarial y controlador, pero no de uno que aspira a alentar la iniciativa privada, el crecimiento y el empleo.
Tampoco entiende mucho de economía. Algo que, en términos generales, es también una característica inequívoca de los técnicos y políticos de izquierda. No logra ver que la regulación tiene un impacto económico sobre las decisiones de empresas e individuos.
No parece un hombre preocupado por las decenas de millones de soles que pierde Agrobanco, su brazo financiero. No le incomoda seguir inyectando capital a una entidad que irremediablemente lo va a perder. Impuestos que se malgastan en subsidiar actividades improductivas, desfalcos o favores. Otra forma muy izquierdista de manejar el dinero.
Lo que sí le interesa es hacer daño a las empresas, salir a decir o auspiciar declaraciones demagógicas y poner a la opinión pública en contra de la iniciativa privada.
Primero fue el Caso Pura Vida. Se adelantó a señalar que era publicidad engañosa y apoyó su retiro del mercado, como si fuera kriptonita. Si las normas estaban tan claras y el incumplimiento tan flagrante, ¿por qué tuvo que publicar a los pocos días el Decreto Supremo 007-2017-Minagri estableciendo el Reglamento de la Leche y Productos Lácteos?
Ya está Pura Vida en el mercado de nuevo. Le sacaron la vaca y adaptaron el nombre –que nunca fue únicamente “leche de vaca”– al nuevo reglamento. El mismo producto y la misma fórmula. Varios millones de soles de daños comerciales y reputacionales después.
Cumplido esto, se lanzó –él o sus funcionarios de confianza– a defender el proyecto que prohibía el uso de leche en polvo en la recombinación de leche evaporada y la producción de quesos y yogures. No se entretuvo a considerar la posibilidad de que la limitada producción de leche nacional derivara luego en un incremento de precios. Todo lo contrario, su ministerio se anticipó a prometer que los precios se mantendrían porque “el mercado se acomoda”.
Por lo demás, no ha sentido ninguna incomodidad luego de que el Ejecutivo observara este proyecto de ley y lo devolviera al Congreso. En impecable comunicación del 17 de julio, en efecto, el Gobierno le ha dicho al Legislativo que el proyecto no solo es inconstitucional y contrario a tratados internacionales, sino que su aplicación generaría un incremento en los precios a los consumidores.
Ahora ha enfilado contra los chocolates, los jugos y va por más. Con la misma tónica o estrategia: causar daño y regular después. Su director general agrícola aparece en los medios para criticar el etiquetado de un producto que supuestamente incumple un reglamento que todavía no ha publicado. Es un árbitro que cobra penal antes de que empiece el partido.
El embate viene acompañado por el mismo género de razonamiento económico. Los chocolates deben usar más cacao porque somos excelentes productores. Pero no se preocupe, porque los precios no van a subir. La inclusión de un mayor porcentaje de un insumo más caro no impacta en el costo de producción. El mercado se acomoda.
No es una novedad que la doctrina de la defensa del consumidor sea el nuevo camuflaje de los enemigos del capitalismo. Lo que llama la atención es que el Gobierno mantenga a un funcionario que contradice sus objetivos.
