Por: Fernando Rospigliosi
El Comercio, 16 de noviembre de 2019
Dos vecinos, Bolivia y Chile, siguen sumidos en el desorden, con desenlaces todavía inciertos. Hace poco Ecuador atravesó una situación parecida.
La renuncia y posterior huida de Evo Morales no ha resuelto la crisis sobre todo porque el frustrado dictador y sus partidarios están empeñados en “una estrategia absolutamente destructiva”, como ha señalado el politólogo boliviano Eduardo Gamarra. Todos los funcionarios de Morales renunciaron a sus cargos y luego muchos han intentado volver a ocuparlos ilegalmente. Ahora pretenden provocar el caos e impedir la realización de elecciones democráticas.
De hecho, Morales es experto en incitar disturbios. Fue el principal agitador de la revuelta del 2003 que acabó con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y de la del 2005, que derribó a Carlos Mesa, su contendor en las elecciones del mes pasado. Ahora fueron las masas descontentas las que lo echaron a él.
Las izquierdas en el Perú y en todas partes pretenden hacer creer que Morales huyó porque hubo un golpe, cuando en realidad él se había convertido en un dictador, concentraba todo el poder y pretendía perpetuarse fraudulentamente en el gobierno.
Como bien ha dicho Yascha Mounk –autor del trascendental libro “El pueblo contra la democracia”– sintetizando lo ocurrido, “la renuncia de Evo Morales no es un golpe de Estado; es una de las pocas grandes victorias que la democracia ha ganado en los últimos años”.
En Chile la situación también es complicada, a pesar de que es muchísimo más fuerte institucionalmente que Bolivia. Muchos han criticado el desempeño del presidente Sebastián Piñera. De hecho, ha cometido varios errores y la magnitud de las manifestaciones, los desórdenes y la violencia lo han sorprendido tanto como a todos, y claramente lo han desbordado. Desde su ya célebre declaración del 20 de octubre –“estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable”– cuando estableció el estado de emergencia, ha pasado a una actitud blanda, concesiva, conciliadora, cambiando de gabinete y ofreciendo una nueva Constitución. Desde la izquierda lo han condenado por represivo y desde la derecha lo abominan por no poner orden. El asunto es que no puede.
En un país democrático como Chile, el gobierno no puede hacer uso de la fuerza a voluntad, como ingenuamente creen algunos. Se requiere de respaldo ciudadano y todo indica que eso no lo tiene ahora. Muchísimas personas han participado en las protestas; la mayoría pacíficamente. Pero aún estas no apoyan el uso de la fuerza contra los violentos.
Pero hay otros problemas. Los militares y los carabineros tienen miedo. La experiencia de las sanciones a los implicados en violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Augusto Pinochet es un poderoso disuasivo. Los políticos pasan, pero ellos quedan. Las instituciones se desacreditan. Sus carreras pueden ser arruinadas y podrían acabar en la cárcel. Ahora mismo ya los están acusando y denunciando.
Varios tribunales han intervenido. Hace pocos días en Antofagasta han prohibido a las fuerzas del orden el uso de armas letales y balines en manifestaciones y limitado el uso de gases lacrimógenos en las movilizaciones. En Concepción otro tribunal ha realizado una prohibición similar y –llegando al ridículo– ha pedido informes sobre los efectos que provoca el uso de gases lacrimógenos en la población, en el medio ambiente y cómo incide en el aumento en la huella de carbono.
En suma, en Chile las fuerzas del orden están muy limitadas frente a vándalos muy violentos.
El otro factor que los afecta es un hecho inédito: los escándalos de corrupción en las Fuerzas Armadas. Este año han sido enviados a prisión preventiva los dos últimos jefes del Ejército, los generales Juan Miguel Fuente-Alba, (2010-2014) y Humberto Oviedo (2014-2018), acusados de desfalcar millones de dólares. Oviedo está ahora en libertad bajo fianza. El anterior jefe, Juan Emilio Cheyre (2002-2006), fue sentenciado por violaciones a los derechos humanos. Una encuesta latinoamericana de Ipsos a líderes de opinión de mediados de año muestra que en Chile las Fuerzas Armadas encabezan la lista de instituciones afectadas por la corrupción, con 78%. Es un caso único en el continente, donde los militares no son considerados entre los más corruptos. En estas circunstancias, como es obvio, las fuerzas del orden no están entusiasmadas en reprimir a nadie.
Esta vez no estamos ante un fenómeno latinoamericano. Desde Hong Kong a Beirut, desde Barcelona a Bagdad y París, millones de personas protestan. Y, paralelamente, caudillos populistas atacan la democracia, muchas veces con éxito.
¿Llegará la ola al Perú? Nadie lo sabe. Lo único cierto es que acá la precaria democracia está amenazada y a punto de sucumbir ante el populismo.
