Fernando Rospigliosi
Expreso, 2 de setiembre del 2024
Varios -o muchos- jueces y fiscales, encabezados, avalados o tolerados por sus más altas autoridades, se han rebelado contra la democracia y el sistema republicano de división de poderes. Están desacatando pública y constantemente las leyes y resoluciones del Congreso, desafiando ilegal e inconstitucionalmente al poder del Estado encargado de legislar y fiscalizar. Lo hacen incitados por la poderosa mafia caviar y espoleados y protegidos por la prensa que esa pandilla controla o influye.
Recientemente, algunos magistrados se están negando a aplicar la ley que precisa los alcances de la lesa humanidad. A los militares del batallón Pachacútec, que destruyeron una columna del MRTA en Los Molinos, Junín, en abril de 1989 -murieron 7 efectivos del EP en el enfrentamiento- les acaban de abrir un nuevo proceso 35 años después, luego de que el primero fuera archivado el año pasado.
Son conocidos los casos de la impresentable fiscal Zoraida Ávalos, y de Inés Tello y Aldo Vásquez de la JNJ, inhabilitados por el Congreso en uso de sus facultades, que han sido repuestos en sus cargos ilegalmente por jueces que precisamente dependen de la JNJ.
Estas transgresiones son posibles por el asalto al sistema judicial que realizó la coalición vizcarrista en 2018/19, cuando liquidaron el Consejo de la Magistratura, crearon la JNJ -que por supuesto controlaron de inmediato- y tomaron la fiscalía defenestrando a Pedro Chávarry.
Ahora, también la Junta de Fiscales Supremos pretende impedir que el Congreso apruebe la ley que devuelve la investigación preliminar a la Policía, como era antes y como es en todos los países civilizados del mundo. En la patética presentación que realizaron, encabezados por un fiscal interino y con la presencia ilegal de Ávalos, usaron argumentos absurdos como, por ejemplo, que esa ley es inconstitucional.
La Constitución de 1993 establece que la PNP investiga. Y, de hecho, eso ocurrió durante muchos años, hasta que se aprobó el nuevo Código Procesal Penal. Para este cambio, no hubo que modificar la Constitución. Entonces, ¿por qué se necesitaría una reforma para volver a lo anterior?
Otra ridiculez que han argüido es que la PNP depende del Gobierno, como ocurre con todas las policías del mundo. Entonces, dicen, la PNP no podría investigar al presidente y altos cargos. Como si fuera un asunto de todos los días investigar al mandatario por delitos comunes o como si esa fuera la tarea habitual y primordial de la PNP. En realidad, para eso existe un procedimiento especial establecido en la Constitución.
En síntesis, hay que aplastar esta rebelión. Los magistrados prevaricadores deben ser apartados del sistema judicial y procesados. Y si creen que van a gozar de la protección indefinida de la mafia caviar enquistada en la JNJ, probablemente se equivocan. Pronto se cambiará a sus miembros o se reemplazará el sistema, con la propuesta de la congresista Gladys Echaíz u otra.
