Fernando Rospigliosi
Expreso, 27 de octubre del 2025
El policía Luis Magallanes está en libertad gracias a una ley del Congreso, después de haber sufrido una semana de prisión preliminar, impuesta por un fiscal y un juez prevaricadores.
En efecto, la ley 32181, promulgada en diciembre del año pasado, establece que, si un policía hace uso de su arma o medio de defensa “en forma reglamentaria y, como consecuencia de ello, acontece alguna lesión o muerte, quedando prohibidos el fiscal y el juez de solicitar y de dictar mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva, respectivamente, bajo responsabilidad funcional.” (Por supuesto, comunistas y caviares votaron en contra de esta ley en el Congreso y ahora, ellos y sus secuaces, dicen que son leyes “pro crimen”, y pretenden derogarlas).
No queda ninguna duda, entonces, que el mandato de detención, pedido por el fiscal y aprobado por el juez, fue absolutamente ilegal y que ambos tienen responsabilidad. Por tanto, deberían ser sancionados y eventualmente expulsados de la carrera judicial.
Porque el policía Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal, estaba de servicio y cumpliendo sus funciones, cuando fue agredido por una horda de delincuentes (es un delito atacar y golpear a un policía) que lo identificaron como tal. Es decir, esos malhechores lo masacraron precisamente por ser policía.
Magallanes se defendió como pudo y un disparo al suelo -como ya se comprobó-, rebotó y mató a uno de sus perseguidores.
En EEUU o cualquier otro país civilizado, un policía cuya vida e integridad física está en peligro, dispara al cuerpo de sus atacantes para abatirlos. En el Perú, con los valores trastocados, los policías no lo hacen y, a pesar del riesgo de ser bárbaramente golpeados y/o asesinados -como ocurrió con Magallanes y otros policías-, a lo más, hacen disparos supuestamente disuasivos al piso o al aire.
Un absurdo, porque como se ha demostrado en este caso y en muchos otros, eso no disuade a los agresores. A Magallanes, después de sus disparos, lo golpearon brutalmente y le robaron la pistola y el celular.
La Policía Nacional debería cambiar sus normas internas.
Otra ley del Congreso, 32291, de abril de este año, establece que un policía, cuando se utilicen en su contra armas de fuego “u otros elementos de evidente peligrosidad, que pongan o hagan presumir al efectivo policial que su vida o la de otra persona se encuentran en grave riesgo (…) puede abatir al agresor en el lugar de los hechos, considerándose esta acción como defensa propia.” (También la ley se aprobó con el voto en contra de comunistas y caviares).
No hay duda alguna que estas leyes protegen a Magallanes y otros policías en situación similar.
Pero una pandilla de fiscales y jueces prevaricadores, pro delincuentes y pro terroristas, simplemente no aplican las leyes que resguardan a policías y militares, y los persiguen implacablemente.
No se requiere solo una reforma judicial, hay que barrer el sistema judicial.
Se necesitan soluciones radicales.
