Fernando Rospigliosi
Expreso, 3 de agosto del 2026
Una gavilla de jueces politizados y prevaricadores, ha sentenciado a quince años de prisión a seis policías que participaron en la debelación de un motín de terroristas de Sendero Luminoso en el penal Castro Castro en mayo 1992, hace treinta y cuatro años. Y ha ordenado al Ministerio del Interior y a los condenados, que paguen una enorme reparación civil a los familiares de los terroristas muertos en la revuelta y a los que fueron heridos.
Así, se premia a los asesinos que provocaron la peor matanza en la historia del Perú, y se sanciona a los que contribuyeron a detener la destrucción que provocaron esas hordas vandálicas.
La Tercera Sala Penal Superior, integrada por Miluska Cano, Santiago Verapinto y Helbert Llerena, nuevamente a desacatado las leyes vigentes 32107 (Lesa Humanidad) y 32419 (Amnistía) con el exclusivo propósito de beneficiar a criminales y sancionar a los policías que los combatieron.
Entre los favorecidos con jugosas indemnizaciones por esa camarilla de jueces prevaricadores, están los herederos de asesinos despiadados, cabecillas de la organización terrorista Sendero Luminoso, como Yovanka Pardavé Trujillo (jefa del “Socorro Popular, grupo de aniquilamiento terrorista), Deodato Juárez Cruzatt (engreído de Abimael Guzmán y posible sucesor, dirigente del “Socorro Popular”),Tito Valle Travezaño (dirigente de “Socorro Popular”, autor de numerosos asesinatos), Elvia Zanabria (miembro del Comité Central de SL, jefa del DAO), entre otros delincuentes.
Así, nuevamente un hato de magistrados politizados, viola las leyes vigentes con el objetivo de dar una clara señal a la sociedad y al Estado: los peores asesinos y sus sucesores, serán PREMIADOS con jugosas indemnizaciones y reivindicados como VÍCTIMAS. Y los policías que los enfrentaron, los detuvieron o los abatieron serán invariablemente sancionados. El crimen sí paga, es la consigna.
A ninguno de los policías condenados se les ha demostrado que mataron -u ordenaron matar- a un preso desarmado. No existe NINGUNA evidencia que pruebe un delito. En el enfrentamiento con los terroristas, murió un policía y 26 fueron heridos. La operación “Mudanza” tenía el propósito de trasladar a los terroristas que controlaban la cárcel.
Todo el coro de herederos del terrorismo y enemigos de la PNP y las FFAA, respalda invariablemente ese comportamiento ilegal de una pandilla de magistrados pro terroristas y difunde sistemática y masivamente la misma mentira: los criminales abatidos eran civiles desarmados inocentes, los militares y policías son los victimarios.
En el sistema judicial existen muchos magistrados que están hartos del dominio abusivo de una camarilla caviar/comunista, que aprovechando los cargos que ilegítimamente detentan, impone su inmoral dominio sobre el conjunto, aprovechando la provisionalidad.
Dos tercios de la Corte Suprema son jueces provisionales, que son nombrados o destituidos a voluntad de la corrupta camarilla caviar/comunista. Que tienen que obedecer las órdenes que reciben de esa gavilla so riesgo de inmediata destitución. Y así en el resto del sistema.
Es tiempo de acabar con esa absurda e ilegal situación y restablecer el Estado de Derecho en el Perú.
