Fernando Rospigliosi
Expreso, 31 de agosto del 2026
La sub oficial del Ejército Leonor La Rosa fue internada en el Hospital Militar en febrero de 1997 por un sangrado vaginal y, como consecuencia de la intervención que le practicaron, resultó con problemas de insuficiencia motriz.
Poco después, esa perversa mujer utilizó su complicación de salud para montar un embuste que destruyó las carreras y la vida de varios oficiales del Ejército y obtuvo una jugosa indemnización del Estado peruano.
Hoy día, tres décadas después, jueces politizados y prevaricadores, siguen ensañándose con los militares a pesar que se ha demostrado fehacientemente que toda la historia que contó La Rosa era FALSA.
En el momento de los hechos, La Rosa, que era agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), era investigada formalmente por presuntas filtraciones de su unidad. Y aprovechó su situación médica, para denunciar arteramente, en un programa televisivo en abril de 1997, haber sido torturada por miembros del SIE.
Su denuncia pública fue creída por muchos (yo también) y 4 oficiales fueron inmediatamente procesados y sentenciados en mayo de ese año por el Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) a 8 años de prisión: el coronel Carlos Sánchez Noriega (jefe del SIE), el comandante José Salinas Zusunaga (jefe del SIE 2, contrainteligencia), el mayor Percy Salcedo y el mayor Ricardo Anderson Kohatsu.
En noviembre de ese mismo año, la Sala Revisora del CSJM anuló las condenas al coronel Sánchez y al mayor Anderson, que en el momento de las supuestas torturas estaba con la pierna enyesada y muy lejos del SIE.
En noviembre de 2002, cuando ya se sabía que toda la versión de La Rosa era FALSA y que no había ninguna evidencia de las supuestas torturas, Salinas Zuzunaga y Salcedo Sandoval fueron absueltos, después de estar cinco años y medio injustamente en prisión. (Ver por ejemplo “La tortura imposible”, de Ricardo Uceda)
Pero ya en febrero de 2002, el gobierno había indemnizado con 120,000 dólares a Leonor La Rosa por un “acuerdo amistoso” con la CIDH.
Lo peor vino después. En 2023, una sala superior, presidida por Miluska Cano, sentenció a Salinas Zuzunaga a 14 años de prisión por el secuestro de Leonor La Rosa, delito que nunca existió y por el cual ya había sido absuelto en 1997. Es decir, se le juzgó dos veces por un delito inexistente, y se le sentenció, aplicándole también el inexistente delito de lesa humanidad.
Y el 2023, la misma Miluska Cano sentenció a 8 años de prisión a Salinas Zuzunaga por el asesinato de Mariela Barreto, un crimen no esclarecido, en el que no tuvo nada que ver. Lo acusaron de autoría mediata porque era jefe del SIE 2, sin NINGUNA evidencia. Y luego la Corte Suprema amplió la pena a 15 años por lo mismo.
Así, jueces politizados y prevaricadores han destruido la carrera, la vida y las familias de oficiales del Ejército a lo largo de tres décadas.
¡Soluciones radicales!
