Por: Fernando Rospigliosi, Analista político
El Comercio, 12 de enero de 2019
Caben pocas dudas de que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, será una magistrada complaciente con el gobierno de Martín Vizcarra. Ella ha llegado a ese puesto gracias a la campaña que el gobierno y sus aliados desarrollaron contra Pedro Chávarry y tiene rabo de paja, lo que la hace vulnerable en caso de que quiera salir del carril que le han trazado.
Ávalos se convirtió en fiscal suprema en el 2012 en una trama que Ricardo Uceda describió como una maniobra urdida en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para elegir al cuestionado Carlos Ramos Heredia como fiscal de la Nación. El CNM designó a Zoraida Ávalos y Nora Miraval, dos personas que no tenían los méritos necesarios y, en efecto, Ramos Heredia, con el voto de ellas se convirtió en fiscal de la Nación. Ramos no duró ni un año en el cargo. A fines del 2014 fue suspendido y luego destituido por el propio CNM por sus vínculos con la mafia de César Álvarez, entonces gobernador regional de Áncash.
Vale la pena recordar lo que decía Ricardo Uceda en ese entonces sobre la corrupción en los organismos del sistema de justicia. “Lo que está ocurriendo en el Ministerio Público pertenece al tipo de corrupción que no se encuentra necesariamente penado por la ley. […] La cofradía del CNM se dispuso a llenar la vacante que faltaba en la Junta de Fiscales Supremos con alguien que votara de todos modos por Carlos Ramos. Ese alguien era Zoraida Ávalos. […] A Zoraida Ávalos, no fue fácil nombrarla fiscal suprema. En el 2012, en el proceso que terminó designándola, los seis postulantes que quedaban luego del examen escrito desaprobaron en la evaluación curricular, de modo que ninguno podía pasar a la entrevista personal. Entonces, el CNM recalificó las trayectorias profesionales. A la predestinada Ávalos le pegó una patada para arriba sobrenatural: sus 50 puntos se convirtieron en 87,50. Quedó primera en el cuadro final”. (“Cómo se nombra realmente a un Fiscal de la Nación”, “La República”, 21/1/14).
El resultado de la jugarreta que tenía a Ávalos como una de sus protagonistas era, según Uceda, que “tendrá mayor influencia en el Ministerio Público un poder oculto cuyo cableado atraviesa el Poder Judicial, pasa por el despacho de algunos congresistas, y toma energía en un grupo inmobiliario investigado por extorsiones y lavado de activos”.
El Comercio también publicó varios reportajes en el mismo sentido. En un artículo titulado “Fiscales que votaron por Ramos Heredia fueron favorecidas” (28/4/14), Rodrigo Cruz explica que “dos fiscales que participaron en el concurso que nombró a Zoraida Ávalos y Nora Miraval fiscales supremas denunciaron que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) actuó con un sesgo que tuvo como fin asegurar la elección de ambas magistradas”. Allí se detalla que “las mencionadas fiscales sacaron un puntaje muy por debajo del mínimo requerido”; sin embargo, les subieron escandalosamente las notas sin justificación alguna.
El artículo recoge la versión de un magistrado que afirma que en el “proceso hubo ‘una manipulación escandalosa’ por parte del” CNM. “Todo estaba arreglado para que Miraval y Ávalos ocupen esos cargos”. La finalidad era clara, según El Comercio: “Las dos fiscales supremas fueron determinantes en el reciente nombramiento de Ramos Heredia. Sin sus votos, el polémico magistrado no hubiera sido elegido el próximo titular del Ministerio Público”.
Esa es la nueva heroína anticorrupción que la coalición vizcarrista ha puesto al frente del Ministerio Público para supuestamente cambiarlo, limpiarlo y mejorarlo, a la que venían promoviendo públicamente desde hace meses y a la que ahora alaban sin mesura. Su cinismo parece no tener límites. Por supuesto, los antecedentes aquí reseñados no han aparecido, ni aparecerán, en la mayoría de medios de comunicación, los mismos que destacan desmedidamente las presuntas cualidades de la nueva fiscal de la Nación.
En realidad, adonde apunta el gobierno y la coalición que lo respalda es a la próxima Junta Nacional de Justicia (JNJ) que reemplazará al CNM, donde el fiscal de la Nación tiene un asiento. Necesitan dominarla para poder tomar el control del sistema judicial.
También el Tribunal Constitucional es un objetivo que está ahora al alcance de la mano. Varios voceros de la coalición vizcarrista venían negándole al actual Congreso la potestad constitucional de reemplazar a varios de sus miembros que deben jubilarse en los próximos meses, porque suponían que no serían de su facción. Ahora, con la acelerada pulverización del keikismo, es probable que el gobierno pueda imponer sus candidatos a un Parlamento sumiso.
Así, la concentración del poder y el quebranto de la democracia avanzan a paso ligero.
