El Reporte
Fernando Rospigliosi
Domingo, 27 de marzo de 2022
La mina Cuajone de Southern, en Moquegua, tiene más de 40 años operando y nunca había sufrido un ataque como el que está recibiendo ahora, que la tiene 3 semanas paralizada y ha provocado que también se cierre la refinería de cobre de Ilo, que es el principal motor de la economía de esa ciudad.
No es casualidad, por supuesto. Como tampoco que otra de las principales minas del Perú, Las Bambas, en Apurímac, sea bloqueada cada semana desde hace varios meses. Ni que hace poco hayan cerrado la carretera central en Morococha por un reclamo a la empresa china que gestiona Toromocho, en Junín.
Así, tres de las más grandes minas del Perú están bajo ataque ahora.
La culpa es, por supuesto, del gobierno. No solo no ha hecho lo necesario para impedir las agresiones, sino que las ha promovido activamente. La antiminera Mirtha Vásquez, hizo su trabajo cuando ocupó la PCM. Alentó y respaldó públicamente los embates a cuatro empresas mineras, varias de las cuales sufrieron asaltos que destruyeron sus instalaciones. Y luego prometió impunidad absoluta a los delincuentes que perpetraron esos ataques.
Como cualquier observador podía entender, ese comportamiento, avalado desde luego por Pedro Castillo y todos sus secuaces, solo podía tener una consecuencia: la expansión de los ataques a las minas.
La impunidad alienta el delito, y si todos saben que pueden extorsionar a una gran empresa bloqueándola o destruyendo sus instalaciones sin recibir ninguna sanción, obviamente lo van a hacer. Pueden ganar algo –o mucho- sin arriesgar nada. Negocio redondo.
En otros sectores las cosas son iguales o peores. El lote 95, el mayor productor de petróleo, está paralizado; el oleoducto nor peruano es regularmente atacado por las comunidades nativas y la ya reducida producción está prácticamente detenida.
El asunto es que las exportaciones de minerales son el principal motor de la economía del país, el que provee los dólares indispensables para que la producción y el consumo se mantengan en movimiento. Y los hidrocarburos son necesarios en medio de una ola alcista que tiene visos de prolongarse.
Los precios de los minerales, como se sabe, están en alza y al parecer van a continuar así. Pero esta vez, con un gobierno comunista, incompetente y corrupto, el Perú va a perder la oportunidad de beneficiarse.
Y no se trata solamente del momento actual. Como es evidente, en una situación como esta, a nadie se le ocurre invertir ni un sol en el Perú en esas actividades. Sin exploración no habrá nuevas minas, ni pozos de petróleo, o de gas. Y el futuro del país, ya sombrío, se verá arruinado por décadas.
No se trata solamente de lo más inmediato, el desempleo, el hambre y la destrucción institucional, sino de la aniquilación misma de la aptitud del país para subsistir como nación independiente, y de perder las capacidades esenciales para sobrevivir en medio de un mundo convulsionado, donde no se sabe realmente que puede ocurrir mañana, y los países no pueden confiar en supuestos amigos para mantener su soberanía.
Si todas las instituciones y la ciudadanía no reaccionan ahora frente al daño monstruoso que la gavilla encaramada en el gobierno está ocasionando al Perú, mereceremos nuestro destino de convertirnos en colonia de una república bananera como Cuba y de recibir órdenes de iletrados corruptos como Evo Morales y Nicolás Maduro. Lampadia
