Por: Fernando Rospigliosi
El Comercio, 8 de febrero de 2020
El Comercio, 8 de febrero de 2020
El presidente Martín Vizcarra hizo campaña contra la inmunidad parlamentaria durante el último proceso electoral. También otros candidatos oportunistas que, conociendo la aversión que ha desarrollado la mayoría de ciudadanos contra los congresistas, pretendieron pescar una curul atacando una de las características históricas del Parlamento.
Pero ni Vizcarra ni la coalición que lo respalda se han pronunciado contra la inmunidad del Gobierno. Según el artículo 117 de la Constitución, el presidente goza de inmunidad durante su mandato y por cinco años después, así como los ministros (artículo 99).
La razón de la inmunidad es muy sencilla. La esencia del sistema democrático es la división de poderes y, para evitar los abusos de un lado y del otro, la Constitución establece que la inmunidad rige para los miembros de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Estas garantías son necesarias sobre todo en países con democracias débiles y precarias como el Perú, con una historia salpicada de dictaduras y autoritarismos, donde hay una fuerte tentación, sobre todo de parte del Gobierno, para presionar a los otros poderes, teóricamente independientes.
Naturalmente, la inmunidad no es absoluta. El Congreso puede levantarla y poner a disposición de los tribunales a los funcionarios.
Como pretexto para eliminar la inmunidad se usa el ejemplo de congresistas del anterior período sentenciados por corrupción. El asunto es que varios fueron protegidos como parte de un intercambio de favores y se demoró su desafuero. Pero eso solo le dio un limitado amparo por algunos meses. Finalmente fueron despojados de la inmunidad y encarcelados, como Edwin Donayre y Benicio Ríos, ambos de Alianza para el Progreso (APP), partido que ha sido premiado nuevamente por el pueblo peruano con la elección de 22 congresistas.
El asunto es que en el actual contexto político la posible eliminación de la inmunidad parlamentaria es muy peligrosa. Para muestra algunos botones.
La nueva prisión preventiva de Keiko Fujimori es, por donde se la mire, un abuso evidente y una represalia política de la coalición vizcarrista. Basta comparar su caso con el de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Según los directivos de Odebrecht, Fujimori recibió US$1 millón para la campaña electoral del 2011 a través de intermediarios. Humala y Heredia recibieron directamente US$3 millones. Fujimori nunca fue Gobierno. Humala y Heredia sí y le entregaron a esa empresa la mayor obra jamás licitada en el Perú; el gasoducto sur peruano (US$7.500 millones), en un proceso irregular con Odebrecht como único postor. (Y ahora la empresa, después de conseguir inmunidad y cobrar cientos de millones, demanda al Estado, gracias a la política concesiva del Gobierno y sus fiscales adictos).
Ambos candidatos ‘pitufearon’ el dinero para introducirlo en la campaña, como hacían todos los partidos cuando la ley no sancionaba ese comportamiento. Pero solo el partido de Fujimori está tratado como una organización criminal, con ella y varios de sus miembros presos y con locales allanados cada vez que el fiscal tiene sed de publicidad. Ni los Humala Heredia, ni ninguno de los políticos que los acompañaron, han sido tratados así.
En suma, es evidente que el Gobierno y la coalición que lo respalda, incluyendo magistrados, medios de comunicación y ONG, han sido decisivos para proceder con unos de cierta manera, y con otros de forma distinta.
Otro botón de muestra es el reciente allanamiento de fiscales y 40 policías a la vivienda de María Teresa García, periodista del diario opositor “Expreso”, con el pretexto de obtener un video de vigilancia. Se trata, obviamente, de un uso indebido de la fiscalía y la policía en un intento de amedrentamiento.
Por último, la impunidad del ministro de Transportes, Edmer Trujillo, involucrado en el escandaloso caso del hospital de Moquegua, pero firmemente atornillado a su cargo y con inmunidad, muestra a las claras que aquí no se mide con la misma vara a todos. Funciona en toda su extensión el viejo precepto latinoamericano: a mis amigos todo, a mis enemigos la ley.
En este contexto, eliminar la inmunidad parlamentaria como quiere el Gobierno, secundado por algunos partidos, sería muy peligroso y contraproducente. El Gobierno, que ha acumulado una enorme influencia en el sistema judicial, podría tener nuevos instrumentos para amedrentar a congresistas díscolos.
Por supuesto, algunas cosas se pueden hacer. Por ejemplo, algunos entusiastas de la eliminación de la inmunidad, como APP, podrían ayudar a mejorar la calidad del Congreso evitando llevar delincuentes en sus filas, como hicieron en el período anterior. Ese sí sería un aporte significativo a la democracia peruana. Aunque esta vez reincidieron, convirtiendo en congresista al sentenciado Humberto Acuña.
