Por: Fernando Rospigliosi
Expreso, 17 de Octubre del 2022
La denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Pedro Castillo y la organización criminal que lidera, es concluyente y categórica. Al cabecilla se le imputan varios delitos: organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, que suman varias décadas de prisión.
En esta gavilla de delincuentes se incluyen a media docena de familiares muy cercanos, incluyendo a la esposa, que juega un papel fundamental, y decenas de ministros, funcionarios y compinches de todo nivel.
Con la inmensa cantidad de evidencias que ya ha acumulado la fiscalía y las que siguen apareciendo cada día, las confesiones de los colaboradores que han testificado y los que probablemente pronto lo harán para evitar ir a prisión, no cabe duda alguna que la acusación de la fiscalía está sólidamente sustentada.
Si hubiera una pizca de justicia en el Perú, Castillo (y su cómplice Dina Boluarte) deberían ser inmediatamente vacados y procesados. Pero eso no va a ocurrir, porque el sistema está podrido desde sus cimientos.
El único organismo que puede desaforar a los facinerosos que han asaltado el Gobierno es el Congreso, que en una alta proporción ha sido sobornado y comprado por la banda de Castillo.
Como bien dice Mario Ghibellini, no hay esperanzas que la denuncia de la fiscalía prospere, y si alguien tiene todavía alguna ilusión, “bastará que revise la lista de los legisladores que tendrán que decidir qué ocurre con ella para comprender que nos encontramos, una vez más, en un callejón sin salida.” (“El pollo y el burro”, El Comercio, 14/10/22).
La feroz campaña de difamación y mentiras que han emprendido Castillo, Aníbal Torres y sus secuaces contra la fiscal Patricia Benavides y su denuncia, tiene dos propósitos. El primero, confundir. En verdad, son poquísimos los que entienden los recovecos legales del debate sobre los artículos de la Constitución aplicables. Y probablemente sobren los dedos de las manos para contar a los que pueden dar una opinión sustentada sobre el mismo. Así, la mayoría quedará mareada y perdida en ese intríngulis legal.
El segundo objetivo es preparar el ambiente, nacional e internacional para cuando den el zarpazo final: disolución del Congreso, convocatoria a una constituyente y liquidación de la fiscalía independiente.
En realidad, en esta situación calzan las palabras de un personaje de la última novela de Javier Cercas, un policía indignado por la imposibilidad de atrapar a los malhechores por la estulticia de los magistrados: “así que el país se puede estar yendo a la mierda que ellos siguen pensando en una puta coma de la Constitución. Cuando aprenden que hay que ser flexibles y que son las leyes las que tienen que adaptarse a la realidad y no la realidad a las leyes.” (“El Castillo de Barba Azul”).
No hay posibilidad de resolver la crisis en el marco de la democracia fallida. Se requieren soluciones radicales.
