Por: Fernando Rospigliosi
El Comercio, 17 de agosto de 2019
El Comercio, 17 de agosto de 2019
El desastroso comportamiento del presidente Martín Vizcarra en el sur pareciera terminar con el debate sobre su permanencia en el Gobierno hasta el 2021. Es obvio que podría causar perjuicios incalculables al país, de todo tipo, si se queda dos años más administrando el poder.
Naturalmente, si él mismo no hubiera planteado el adelanto de elecciones generales, habría que soportarlo hasta el final del mandato para el que fue elegido en la lista de Pedro Pablo Kuczynski (PPK). La vacancia por incapacidad moral –que algunos proponen ahora– es una fórmula que existe en la Constitución peruana y casi todas las de la región como una válvula de escape para resolver crisis políticas muy graves, en un contexto en que los golpes militares –la manera usual de resolver antes las crisis– han sido proscritos por la comunidad internacional desde hace cuatro décadas.
Sin embargo, no se trata de destituir a un presidente porque es un mentiroso o porque es un mal gobernante, como Vizcarra. Si fuera así, en el Perú probablemente habría que cambiarlos cada año o quizá cada mes.
La realidad política tampoco hace posible esa opción. Un Congreso con un enorme rechazo no está en condiciones de vacar a un presidente con una aprobación muy alta, aunque sea un pésimo gobernante.
Y, por eso mismo, la demanda de renuncia no tiene viabilidad. No lo va a hacer. Y si lo hiciera, tal vez lo que viene sería peor: Mercedes Araoz, que, como Vizcarra, carece de partido, de bancada y de equipo, guiada solo por la ambición desmedida que la caracteriza, y con el mismo Congreso hasta el 2021, no parece ser una opción tranquilizadora para nadie.
Por eso, la menos mala de las posibilidades ahora es la del adelanto de elecciones. La incertidumbre que existe en caso de efectuarse los comicios el 2020, que es un argumento que usan algunos contra el adelanto, es exactamente la misma que existirá en el 2021. No habrá ni mejores partidos ni mejores candidatos, no caerán del cielo ni brotarán de la tierra. Y la mayoría de las reformas políticas que el Gobierno pretendió imponer son un adefesio que empeoraría el sistema político.
La permanencia de Vizcarra dos años más constituye un peligro mayor. Una cosa es que gobierne hasta el 2020, once meses como pato rengo, con cada vez menos poder real, y otra cosa es que se quede hasta el 2021. No cabe duda de que seguiría adoptando iniciativas populistas para mantener su aprobación, y enfrentando al Congreso y a las instituciones. Y tal vez recurriendo a medidas más aventuradas.
Un ejemplo de las catástrofes que puede producir es lo que ha hecho en el sur. No se atrevió a liquidar la licencia de construcción de Tía María, pero la concedió tramposamente, obligando a la empresa a comprometerse a no iniciar las obras hasta un futuro indefinido. Pero, como era evidente, esa muestra de debilidad incentivó a todos –radicales, antimineros y caudillos locales y regionales– a desatar movilizaciones y disturbios en los que cada quien espera obtener alguna ventaja. El plato estaba servido y todos se lanzaron sobre él.
Y Vizcarra, demostrando una torpeza política infinita, viajó a Arequipa a reunirse con ellos, tratando de convencerlos con argumentos ridículos, pretendiendo hacerles creer que estaba de su lado, como si eso les importara a los ahí reunidos que solo esperan obtener notoriedad y ganancias encabezando los disturbios.
Peor todavía, el exministro de Transportes, grabado subrepticiamente por el excontralor en una conversación comprometedora sobre el Caso Chinchero, no aprendió nada y no tuvo reparos en hablar necedades ante un auditorio mucho más numeroso y nada confiable.
Ahora ha quedado completamente desacreditado ante amigos y adversarios, ante los empresarios y los radicales. Como dijo El Comercio en un editorial referido a su enfrentamiento con los fiscales por el pago de S/524 millones a Odebrecht, Vizcarra “termina luciendo como alguien oportunista antes que oportuno”. (“Imprudencia presidencial”, 13/8/19). Esa descripción es en realidad extensible a todo su comportamiento.
Y lo que es peor, los conflictos se han extendido ahora a otras zonas.
La deserción de tres congresistas, que a la vez son tres exministros, de la denominada bancada oficialista es también una muestra del torpe manejo político de Vizcarra.
No obstante, una grave dificultad para el adelanto de elecciones es el empecinamiento de la mayoría congresal que, por intereses inmediatos, se niega a recortar su mandato y asume nuevamente una postura beligerante, creyendo poder beneficiarse de los desaciertos de Vizcarra. Eso solo le dará municiones al Gobierno para disparar nuevamente contra ellos, y le permitirá al presidente tratar de parchar y recomponer la coalición que lo respalda, que estaba descoyuntándose.
Vizcarra es incompetente, pero algunos de sus adversarios hacen esfuerzos por superarlo.
