Por: Fernando Rospigliosi
Expreso, 2 de mayo del 2022
En las últimas semanas se ha producido una frenética búsqueda de alternativas para tratar de superar la catástrofe que ha hundido al Perú en una de las peores crisis de su historia. Políticos, analistas, empresarios, sugieren soluciones. Desgraciadamente, ninguna parece viable.
Algunos proponen acuerdos políticos, englobando no solo la alianza de los partidos democráticos representados en el Congreso, sino la inclusión de la variopinta escala de caviares. Otros audaces embuten hasta a la impresentable Dina Boluarte –la oportunista participante en la banda de los “dinámicos del centro” que ocupa ilegalmente la vicepresidencia-, como parte de esa asociación.
Por supuesto, esas propuestas –en ciertos casos ingenuamente bien intencionadas- no tienen ninguna viabilidad. No solamente porque esa mescolanza es casi imposible de llevarse a la práctica, sino porque, si por un milagro divino ocurriera, el desenlace sería igual o peor de lo que hoy existe.
Porque Boluarte –y los caviares con los que se ha juntado ahora- son parte esencial del problema y no de la solución. Son una pieza clave del esquema de fraude y corrupción que ha sumido al país en la catastrófica situación actual: los que apoyaron a Pedro Castillo, manipularon y viciaron las instituciones –los organismos electorales, la fiscalía-, que posibilitaron que la gavilla de ineptos y corruptos socialistas del siglo XXI se encaramara en el gobierno.
Otra opción que se plantea es una complicada reforma política, que sin duda es necesaria, pero que es absolutamente imposible en medio del caos provocado por el gobierno. Si ni siquiera es dable realizar los cambios institucionales más básicos, como renovar el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo, o nombrar una Junta de Fiscales Supremos, es una quimera pretender hacer las reformas políticas necesarias.
Los cambios legales y constitucionales para poder echar del gobierno a Castillo –en vista que no se pueden obtener los 87 votos para vacarlo por la compra de congresistas-, es otro de los caminos esbozados. En algún caso, podría constituir una posibilidad, que se obtendría a costa de establecer un peligrosísimo precedente, que instituiría una normatividad que haría inestable cualquier gobierno futuro. Aun así, sería una opción. Pero es larga, engorrosa y puede ser trabada por la pandilla que ocupa el gobierno.
Ellos también son conscientes de su precaria situación y ahora pretenden avanzar más rápidamente de lo que han venido haciendo hasta ahora, para provocar un desenlace que los consolide en el poder.
Vladimir Cerrón ha hablado descaradamente de un plan B para capturar todo el poder. En verdad, lo que deben tener planeado es un conjunto de acciones, que incluyen asonadas violentas protagonizadas por pequeños grupos de agitadores entrenados y bien financiados.
Necesitan también el control de las FF.AA. y la PNP, para que estén por lo menos neutralizadas cuando ocurran los disturbios. Mientras eso ocurre, las instituciones de la sociedad y el Estado que podrían hacer algo, observan aletargadas, amodorradas, aturdidas, cómo el país se desliza irremisiblemente al desastre.
