Fernando Calmell del Solar
Expreso, 20 de mayo del 2025
Vamos a suponer, Dios no lo quiera, que una banda de ladrones entra a una sucursal bancaria, se pone sus pasamontañas, saca armamento pesado y grita: ¡Esto es un asalto! Los clientes del banco se asustan, comienzan a gritar y los delincuentes empiezan a disparar, asesinando a más de diez personas, entre clientela, el guardia y funcionarios del banco, y luego huyen.
Poco después llega la policía, salen las imágenes en todos los noticieros y el gobierno decide que se deben cerrar todos los bancos de Lima hasta que finalice la investigación y se capture a los criminales, dejando a empresas, emprendedores y a usted sin posibilidades de realizar operaciones bancarias por tiempo indeterminado. Sería una locura, ¿no?
O supongamos, como lamentablemente sucede muy a menudo en los últimos tiempos, que una banda de extorsionadores acribilla una combi, matando no solo al chofer, sino también a varios de sus pasajeros. Otra vez, la misma vaina.
Llega la policía, los extorsionadores se escaparon, la noticia sale en todos los medios y el gobierno no tiene mejor idea que prohibir el transporte público hasta que se capture a los asesinos, obligando a miles de limeños a trasladarse a pie a sus trabajos, colegios y universidades o a donde quieran ir. ¿Sería una buena medida? Por supuesto que no.
Porque ni la actividad bancaria ni los transportistas tienen la culpa de lo que hayan hecho las bandas criminales, y mucho menos los trabajadores, emprendedores, estudiantes o las personas en general.
Los llevo a pensar en estas supuestas acciones criminales y en la decisión fácil de cancelar actividades necesarias, porque es igual a la decisión que se ha tomado en Pataz, al suspender toda actividad minera en tanto no se aclare lo sucedido y la muerte de 13 personas dentro de una mina.
¿Qué culpa tienen las miles de personas que trabajan en la zona? Personas que se dedican a la pequeña minería o a la minería artesanal para mantener a sus familias. ¡Ninguna!
Los supuestos de un asalto a un banco o disparar contra una combi, y por supuesto lo sucedido en Pataz, son actos cri-mi-na-les. Y un acto criminal debe ser tratado penalmente.
La realidad es que la minería ilegal es aquella que contamina, y ese es un delito medioambiental. No importa si una minera es formal o no, porque si contamina es ilegal, ya sea grande, pequeña o recontra pequeña.
Espero que el gobierno reaccione y corrija el error, porque si esa es la manera de enfrentar la delincuencia y el crimen organizado —porque lo sucedido en Pataz fue un robo criminal— y repitiéramos la misma medida ante cada caso similar en el Perú, tendríamos que cerrar el país.
Amigos: por eso, siempre repito, necesitamos un cambio de ciclo, para que la política y los políticos se dediquen a solucionar los problemas del país, y no a tomar medidas absurdas que terminan beneficiando, como siempre, a algún interés particular.
