Felipe Morris
Perú21, 29 de setiembre del 2026
«Las autopistas exigen expansión, mantenimiento, gestión de tráfico y atención de emergencias».
El reciente fallo del tribunal arbitral declarando ilegal la decisión de la Municipalidad de Lima de terminar unilateralmente el contrato de concesión con Rutas de Lima nos recordó la eliminación de los peajes en las vías de dicha concesión que fue celebrada como una victoria ciudadana, al punto que varios candidatos a alcalde ahora prometen de forma populista mantener las vías libres. Después de todo, ¿quién no prefiere circular sin pagar? Sin embargo, en economía casi nada es gratis: cuando desaparece un precio, los costos no se evaporan, sino que se trasladan a los contribuyentes o se ocultan.
El origen de esta situación no es el litigio de la municipalidad con la concesionaria por denuncias de corrupción del dueño original —asunto que corre por cuerda separada en el ámbito judicial—, sino un fallo que suspendió el cobro argumentando la falta de una vía alternativa. Este argumento es débil en el terreno técnico e histórico ya que dicha autopista ha contado con peaje desde hace más de cincuenta años, mucho antes de cualquier concesión privada. El peaje no lo inventó el concesionario, lo heredó; durante décadas, el propio Estado cobró la tarifa sin cuestionar su legalidad. Presentar hoy su eliminación como una reivindicación social desconoce esa realidad y genera varios impactos y problemas.
El primer impacto es fiscal. Las autopistas exigen expansión, mantenimiento, gestión de tráfico y atención de emergencias. Bajo la concesión, estos gastos los cubrían los usuarios directos. Al eliminarlos, la factura pasa al presupuesto municipal. Así, se abandona el principio de “el que usa, paga” para reemplazarlo por “todos pagan”, incluso quienes jamás transitarán por la vía.
A ello se suma un riesgo contractual evidente. Las concesiones están protegidas por arbitrajes internacionales para evitar cambios unilaterales. Impedir el cobro abre la puerta a indemnizaciones multimillonarias por ingresos no percibidos. La Municipalidad Metropolitana de Lima —que ya ha perdido varios laudos, el último hace solo unos días— podría terminar pagando altas compensaciones mientras asume el costo de operar la infraestructura. Una doble carga para la ciudad: indemnizaciones por pagar y mantenimiento por financiar, a lo que se añaden los bonos impagos emitidos por la concesionaria con garantía municipal.
Por otro lado, la pérdida del servicio afecta la seguridad diaria: grúas, ambulancias y auxilio mecánico dejan de operar con la rapidez previa. Además, los peajes ordenaban el flujo vehicular. Hoy se observa un incremento de camiones pesados que aceleran el desgaste de la vía —causando daños exponencialmente mayores que los de un automóvil— y generan mayor congestión.
La “vía libre” no es gratuita: se paga con menos mantenimiento, más tráfico, deterioro acelerado y un costo fiscal diferido. Asimismo, el incumplimiento de las condiciones de una concesión valida la idea de que en el Perú los contratos pueden alterarse sin consecuencia, elevando el riesgo país y desalentando futuras inversiones. Sorprende la inacción de las autoridades para interponer acciones judiciales que restablezcan el cobro donde existen vías alternas y se cumple la ley. El beneficio político de hoy es inmediato; el perjuicio económico, permanente.
