Entrevista a Ernesto Álvarez Miranda
Expresidente del Tribunal Constitucional
Correo, 24 de Junio del 2023
¿Fue constitucional inhabilitar a Zoraida Ávalos?
Si, fue constitucional porque (el Congreso) ha cumplido en la forma y en el fondo con lo establecido no solamente en la Constitución sino también en el Reglamento del Congreso, que tiene carácter de ley orgánica.
Entonces, ¿de dónde viene la molestia por esta decisión?
No viene porque la inhabilitada sea una gran jurista sino que, obviamente, estamos dentro de una gran lucha por el poder en la cual el Ministerio Público es, desde hace ya más de seis o siete años, un actor de primer orden porque fue infiltrado por un grupo que luego apoya a Martín Vizcarra y luego pretende obtener la impunidad de todos sus actos que están bajo sospecha de corrupción.
Hizo bien la fiscal Avalos al suspender la investigación contra Pedro Castillo hasta que termine su gobierno?
No, porque una vez que la abrió dio paso a una interpretación por la cual no lo podía acusar por el mandato mismo de la Constitución, pero sí podía investigarlo, de forma preliminar, para salvaguardar los medios de prueba y los testimonios que ya venían surgiendo. El Perú ha suscrito diversos instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción y todos ellos apuntan a que cualquier interpretación de una zona gris tiene que realizarse de acuerdo a lo que más convenga a la investigación y al esclarecimiento de la verdad. En ese sentido, si la Constitución no prohibe investigar a un presidente, solo prohibe acusarlo, la lógica de interpretación debió ser investigarlo y reunir todos los medios de prueba después.
Y este caso ¿en qué se diferencia del de Pedro Chávarry?
Se diferencia en que este proceso atenta contra la fiscal del grupo que actuó en contra de Chavarry porque Chavarry no era favorable a la impunidad no solo de Vizcarra sino también de Odebrecht.
¿Qué significa esta sala plena extraordinaria que han convocado los jueces supremos?
No tiene nada que aportar de manera vincu lante ni de manera juridica porque constituyen otro órgano del Estado. El problema que tienen algunos de ellos es que durante un año un juez y un grupo de fiscales escucharon to das sus conversaciones personales y eso fue entregado a una ONG que seguramente está presionando para que se pronuncien a favor de la fiscal inhabilitada.
Osea, ¿obedece a una suerte de chantaje?
Si, por supuesto, eso es público. Es público el hecho de que se escucharon las conversaciones telefónicas privadas de los miembros de la Corte Suprema por casi un año. Entonces, tienen forma de presionarlos.