Por Ernesto Águila, Analista Político
La Tercera de Chile, 21 de marzo de 2018
GENERALIDAD EN LOS ENUNCIADOS, UNA AGENDA ACOTADA PARA DIALOGAR, SON PARTE DE UNA POLÍTICA DE ACUERDOS QUE DEBE TODAVÍA RECORRER UN BUEN TRECHO PARA GANAR CREDIBILIDAD.
La primera iniciativa política de envergadura presentada por el gobierno de Sebastián Piñera ha sido la convocatoria a grandes acuerdos nacionales en torno a cinco temas: infancia, seguridad ciudadana, salud oportuna y de calidad, paz en La Araucanía, y desarrollo y derrota de la pobreza. Para ello, ha anunciado la creación de comisiones. ¿Qué tan seria y creíble es esta iniciativa?
Genera cierta suspicacia la generalidad con que se enuncian los temas. Nadie podría estar en desacuerdo con disminuir la pobreza, con la “paz en La Araucanía” o con que la salud sea “oportuna”. ¿Quién podría preferir el subdesarrollo al desarrollo? Pero estos temas no son nuevos en el debate público y son conocidas las diferencias que existen al respecto entre los distintos sectores políticos. Por ello, sin propuestas concretas sobre la mesa es difícil ponderar la real voluntad de acuerdo. Una señal de confianza, por ejemplo, sería reconocer que, en el caso de la reforma del Sename, la propuesta del gobierno descansa, en lo fundamental, en dos proyectos de ley dejados por la administración saliente y en plena tramitación parlamentaria.
Junto con enunciar con suma generalidad los temas a acordar, el ejecutivo ha ido construyendo otra agenda. No son parte de este llamado a generar acuerdos temas relevantes para la oposición como la previsión social, la legislación laboral, el anuncio de una rebaja del impuesto a las grandes empresas, la educación, el matrimonio igualitario o el tema constitucional. Se convoca a debatir sobre cinco temas, pero se avanza en una agenda paralela la cual no se invita a concordar.
La invitación a estos acuerdos transmite implícitamente la idea de que la falta de solución a ciertos problemas tiene su origen en la ausencia de consensos entre gobierno y oposición. Para resolver el problema de la seguridad ciudadana, por ejemplo, más que la acción eficaz del gobierno o de las policías, se requeriría un acuerdo con la oposición. Sugerir que las soluciones al tema de la seguridad pública pudieran ser de responsabilidad compartida entre gobierno y oposición es no asumir que las herramientas para enfrentar el problema están de manera exclusiva en manos del ejecutivo.
En cuanto a la búsqueda de la “paz en La Araucanía” habría que recordar que el gobierno -cualquiera sea este- más que llegar a acuerdos con la oposición debe hacerlo con el pueblo mapuche y sus representantes. En este caso, se desconoce al principal interlocutor de un eventual acuerdo.
Generalidad en los enunciados, una agenda acotada para dialogar y otra que camina en paralelo, traspaso de responsabilidad a la oposición en ciertos temas de exclusivo manejo del ejecutivo y falta de propuestas concretas constituyen algunas características de una política de acuerdos que, sin duda, debe todavía recorrer un buen trecho para ganar credibilidad y construir confianzas.
