Por: Enzo Defilippi, Profesor de Pacífico Business School
El Comercio, 16 de enero de 2018
El último domingo, decenas de familias de San Juan de Lurigancho se despertaron para vivir una pesadilla. Una tubería de Sedapal se había roto y cientos de metros cúbicos de desagüe invadía sus viviendas. En algunas, las aguas negras llegaban hasta el segundo piso, por lo que personal de emergencia tuvo que usar botes salvavidas para rescatar a quienes quedaron atrapados en sus casas.
Además de sentir indignación (imagine la que sentiría si fuese uno de los 2.000 afectados), deberíamos ponernos a pensar qué hacer para que Sedapal opere bajo estándares internacionales de eficiencia. Hoy está lejos. Según la Sunass (el regulador del sector), durante el 2017 facturó menos del 75% del agua que produjo y solo abasteció a sus clientes de agua potable 21,4 horas al día, en promedio. Su único consuelo es que los estándares del resto de las empresas del sector son más bajos. En promedio, estas dejaron de facturar más del 40% del agua producida y abastecieron de agua potable poco más de 18 horas al día. Y muchas de ellas no tratan las aguas residuales.
Luego de más de 25 años de experiencia positiva en la prestación de servicios públicos por parte de empresas privadas (cuyos estándares, aún imperfectos, están a años luz de los de Enapu, Electro-Lima o la Compañía Peruana de Teléfonos), es obvio que transferir las empresas de agua y desagüe al sector privado solucionaría el problema. No es muy difícil diseñar contratos que obliguen a los concesionarios a operar bajo estándares internacionales, y la tecnología para supervisar su cumplimiento es harto conocida. ¿Cuál es entonces el problema? La política, por supuesto. Cuando la solución técnica es conocida, los costos asequibles y aun así un problema continúa, la causa es casi siempre la política.
Por un lado, el tema de agua y desagüe es muy sensible para la población, y cualquier autoridad que proponga concesionar el servicio será duramente atacado por la izquierda, la cual se opone, por principios, a la inversión privada en servicios públicos (también porque está alineada con uno los principales grupos que se benefician con el statu quo: los sindicatos). Además, pocos políticos están dispuestos a sacrificar su popularidad peleando por solucionar un problema cuyos beneficios se materializarán en otra administración. Por otro lado, la sensibilidad del tema facilita la generación de una relación de clientelismo con quien hace posible las obras, lo que hace que el político típico sea renuente a transferir a las empresas de agua potable fuera de su control.
Lamentablemente, como el problema de fondo es la falta de incentivos, las medidas de mejora de gestión que se están implementando, que no los generan (regímenes de administración transitorios, subcontratación de servicios secundarios), solo sirven de paliativos. Sedapal y las demás empresas de agua y desagüe solo operarán bajo estándares internacionales cuando sean gestionadas por empresas que sí tengan incentivos para implementarlos. Pero ello solo ocurrirá cuando se den las condiciones políticas que permitan su concesión.
Otrosí: la semana pasada la Municipalidad de Jesús María cerró un centro comercial por considerar como discriminación que los guardias de seguridad impidieran el acceso a un anciano con evidentes problemas mentales y que amenazaba a las personas con un palo. Es verdad que estamos locos, Lucas.
