A la izquierda peruana que ha respaldado a Maduro se le critica que defienda el derecho a protestar en el Perú, pero que tolere simultáneamente la represión de las protestas en Venezuela por su identificación ideológica con el chavismo. A la derecha peruana, a su vez, se le acusa de lo contrario: que aliente la “criminalización de las protestas sociales” en nuestra patria, pero que defienda el derecho a protestar en el extranjero. Y un ejemplo que ha sido utilizado por ambos bandos para denunciar el doble estándar del otro ha sido el de Conga.
El argumento bidireccional es algo así: “si defendiste (o criticaste) las movilizaciones que se organizaron en contra del proyecto Conga, debes entonces defender (o criticar) las protestas ciudadanas en Venezuela. O estás en contra de que el Estado se enfrente a toda protesta, o estás a favor”. Y ambos lados repiten este argumento sin darse cuenta de que hay una peligrosa trampa en el mismo.
Partamos por reconocer que el derecho a protestar es una libertad constitucional fundamental. Es una forma de libertad de expresión. Y así como el gobierno no puede censurar las opiniones que un grupo de ciudadanos manifiesta en un diario, tampoco puede censurar las que manifiesta a viva voz en una plaza pública.
Ahora, las diversas manifestaciones de la libertad de expresión tienen un límite: los derechos del resto. El columnista de un diario, por ejemplo, no puede secuestrar a una persona para obligarla a leer sus artículos. Y los manifestantes no pueden, para ser escuchados, destruir propiedad ajena o restringir el derecho a la libre circulación. Yo tengo todo el derecho a protestar contra la corrupción en la plaza San Martín y mi reclamo sería legítimo. Pero eso no me daría derecho a romperle la cabeza a alguien para que me hagan caso.
¿Qué pasó en Conga? Pues el movimiento antiminero censuró a la fuerza a la prensa local que no se oponía al proyecto, agredió físicamente a los periodistas, amenazó y lesionó a quienes no se unían a las protestas, destruyó propiedad privada y pública y, prácticamente, secuestró a toda la ciudad bloqueando por días las entradas a la misma. En un escenario como ese, el gobierno tiene todo el derecho a usar la fuerza para detener las violaciones de derechos perpetradas por los manifestantes.
¿Qué sucede en Venezuela? Un movimiento principalmente estudiantil marcha pacíficamente en contra de una dictadura con un disfraz de democracia. Así las cosas, el gobierno no tiene ninguna justificación para reprimir violentamente e incluso asesinar a estos ciudadanos.
El caso de Conga es parecido al caso del desalojo de La Parada. En ambos, los manifestantes usaron la violencia para imponer su posición, por lo que el gobierno tenía la obligación de proteger al resto de ciudadanos, incluso utilizando la fuerza. No se trataba, como se decía, de una “criminalización de la protesta social” por parte del Estado. Los manifestantes mismos la “criminalizaron” al cometer delitos en sus movilizaciones. Por su parte, el caso de Venezuela se parece más al de la Marcha de los Cuatro Suyos: la ciudadanía expresando masiva y pacíficamente su rechazo a un dictador.
No metamos casos distintos en el mismo saco. Tampoco caigamos en el error de querer acallar o tolerar toda protesta, sin ver sus diferencias. Y, menos aún, seamos tan sinvergüenzas de apoyar una protesta por empatía ideológica, cuando lo relevante es si esta viola los derechos del resto.
Publicado en El Comercio, 4 de marzo de 2014.
