En el artículo que reproducimos líneas abajo, Enrique Pasquel enumera una serie de normas y medidas que se han dictado en el sector educación, que una vez más, en vez de contribuir a que mejore la calidad de la enseñanza la vienen deteriorando. Un buen ejemplo de lo que en Lampadia venimos señalando como leyes contrapropósito.
Hay frases que adoran los políticos. Una de sus favoritas es que “los niños son el futuro del país”. Pero cuando uno ve las barbaridades que realmente hacen por la educación escolar se confirma que es muy poco lo que les importan la niñez y el porvenir del Perú.
Hoy, por ejemplo, existe una norma que prohíbe a los colegios suspender o no tomar exámenes a los alumnos cuyos padres no pagan la pensión. Según me cuenta el director de un reputado colegio, desde que esa norma se dio muchos padres que eran buenos pagadores se convirtieron en grandes deudores. “Ahora, a pesar de estar en época de bonanza, hay varias familias que optan por no pagar hasta nueve cuotas”, me dice. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias. El colegio aún tiene que seguir pagando sus costos (la institución educativa no puede pedirle al banco con el que se endeudó para construir una biblioteca que no le cobre el préstamo mientras no le cancelen sus deudores), lo que lo fuerza a tener que aumentar las pensiones a todos para compensar los retrasos.
Otra genialidad es la norma que prohíbe que se tomen exámenes de ingreso a los niños, supuestamente para evitar que algunos se sientan discriminados por tener menos capacidades. ¿Cuál fue el efecto de la norma? Pues que ahora a los niños se los discrimina por no pertenecer a ciertas familias o círculos sociales. Como me comentaba el director de otro colegio, “antes ingresaban los chicos que en la evaluación mostraban características que más se adecuaban al modelo educativo del colegio. Ahora, no queda más que escoger en función de si ya hay algún familiar en la institución o de si los padres son gente cercana o muy recomendada. Esto ha llevado a que muchos colegios se estén convirtiendo en clubes”. Para colmo, me cuenta, ahora es más probable que ingrese un niño que hubiese estado mejor en un colegio con distintas exigencias académicas o con un ambiente más acorde con su personalidad. Y eso afecta negativamente la educación de ese niño en particular y la de todo el grupo.
Otro despropósito fue la ley ‘antibullying’. Nadie niega que este sea un problema grave. Pero al Congreso se le ocurrió una forma poco feliz de lidiar con el asunto. Actualmente, toda acusación de ‘bullying’ debe ser documentada con ciertas formalidades legales y el caso puede llegar al Indecopi. Sus funcionarios (abogados, no educadores) terminan tramitando expedientes sobre niños que se asemejan a expedientes penales, para dilucidar la verdad dentro de las aulas. La resolución del Indecopi, si se impugna, puede llegar al Poder Judicial. ¿Judicializar supuestos casos de ‘bullying’ es la manera correcta de tratar a los niños?
A esto, por supuesto, se suman otras viejas conocidas restricciones que enfrentan los colegios: por ejemplo, el Estado impone los cursos que todos deben enseñar y la cantidad de horas que deben dedicar a cada materia. Porque, claro, todos los niños son igualitos y por eso deben recibir la misma formación. Y porque, definitivamente, un burócrata que usted no escogió sabe mejor que los educadores que usted sí eligió (y monitorea) qué se le debe enseñar a su hijo.
Muchos políticos aprovechan estos meses de matrícula escolar para hacer demagogia. Que no le cuenten cuentos. Recuerde que, por lo que dicta la experiencia, lo mejor que un político puede hacer por el futuro de sus hijos es guardar una saludable distancia en el presente.
Publicado en El Comercio, 16 de enero de 2014
