Por: Enrique Ghersi
Expreso, 1 de Setiembre del 2022
Si los congresistas no lo vacan, serán comprendidos como miembros de la mafia, al igual que los ministros.
Para el jurista Enrique Ghersi «es deber constitucional del Congreso poner fin a la toma del Poder Ejecutivo por parte de una organización criminal que llega hasta la presidencia de la República. Los elementos de convicción presentados por la Fiscalía son abundantes y el Poder Judicial los ha declarado fundados, con lo cual es necesario que la representación nacional actúe de inmediato y arroje del poder a la gavilla que se ha enquistado en él».
«El Sr. Castillo debe ser vacado ya, en caso contrario, si los congresistas se niegan, podrán ser comprendidos como miembros de la misma organización criminal y enfrentar penas hasta de 30 años de prisión. Se sabe ya que los ‘Niños’ colman los pasillos de la Fiscalía de la Nación aspirando a ser colaboradores eficaces. Este diluvio de delaciones precipitará la estruendosa caída del régimen», agrega.
Respecto de la legisladora Dina Boluarte sostuvo que «no debió juramentar siquiera como vicepresidente, pues no cumplió nunca con los requisitos legales para postular ya que era funcionaria del Reniec durante la campaña del 2021. Bastaría en su caso que se declare nulo el juramento por mayoría simple porque de una candidatura nula no se derivan consecuencias jurídicas».
En consecuencia, según el liberal Ghesi, «la inacción del Congreso lleva a un peligroso estado de ilegitimidad al sistema político. Las protestas populares se multiplican con un alto nivel de violencia. Los sucesos de Tacna donde Castillo fue repelido a ‘huevazos’ y corrieron a la Sras. Paredes y Boluarte, son una expresión -en primer lugar- de la total desconexión de la cúpula del poder con la realidad».
«Seguramente creyeron que como en Tacna supuestamente ganaron con el 80% de los votos, era un terreno favorable. Pero no entendieron que la política es dinámica y no estática. No hay territorio liberado en política. El hambre, la corrupción y la incapacidad han vuelto al pueblo contra Castillo con la misma intensidad con que lo aprobaban».
Pero el “huevazo” tiene un segundo significado muy grave, añade: la escalada de violencia. «Es la respuesta a la fascistona guardia de reservistas que el régimen ha apostado en la Plaza San Martín y la señal de lo que puede venir si el Congreso no se suma al Poder Judicial y la Fiscalía en defensa del Estado de derecho».
Bien lo ha dicho Adriana Tudela en un brillante artículo. La tesis de que “se vayan todos” es un inaceptable intento de absolver de culpa a todos los responsables. «La responsabilidad penal y política no es colectiva sino individual, los que tienen que irse y a la cárcel son los integrantes de esta organización criminal. Desde el pasado domingo ya es una decisión judicial: el Ejecutivo dejó de ser gobierno para estar considerado por la justicia como parte del crimen organizado».
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
Una palabra final sobre el gabinete, acota el también exdiputado. «La Constitución establece claramente en el artículo 128 la responsabilidad solidaria de todos los ministros por los actos delictivos del Presidente. Pueden ser procesados y encarcelados de inmediato, previo requisito de antejuicio».
«En otras palabras, si no renuncian de inmediato con expresión de causa, en lugar de proferir altisonantes declaraciones, amenazas rupestres o desvaríos lunáticos seniles, van a terminar todos en la cárcel, inexorablemente. Esto obliga a los ministros a poner fin a su complicidad de inmediato. Challapalca los espera. Castillo ya perdió; no tienen que inmolarse por él. Es su deber renunciar y acogerse a la colaboración con la justicia».
Haya de la Torre sostuvo con convicción que el Congreso era el primer poder del Estado. Hoy con su acción heroica en defensa de la Patria, son el Ministerio Público y el Poder Judicial quienes están ocupando ese lugar, concluye.
