Por: Elmer Cuba, Economista
El Comercio, 26 de abril de 2018
Los gastos tributarios son todos aquellos beneficios tributarios que otorga el Estado. Son similares a los programas de gasto público, pero no son reconocidos en el presupuesto público del país. Los gastos tributarios reemplazan a los programas de gasto explícitos.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los gastos tributarios son “todo tipo de tratamiento preferencial y diferenciado que representa una desviación del sistema tributario base”. Los gastos tributarios pueden tomar la forma de exenciones de la base tributaria, deducciones del ingreso bruto, créditos tributarios, reducciones de las tasas impositivas y diferimientos del pago de impuestos.
Unas veces buscan estimular el consumo de los denominados bienes “meritorios”. Dentro de esta categoría de bienes encontramos a la educación, la salud, la vivienda, actividades deportivas, culturales, entre otras. Otras veces se usan para una promoción del desarrollo regional o sectorial.
La pregunta clave es si los gastos tributarios son tan eficientes como el gasto público directo. En la mayoría de casos, los gastos tributarios son generalmente inferiores para lograr los objetivos que buscan, a diferencia de programas de gasto bien focalizado.
Para desmontar los gastos tributarios se necesita una evaluación del impacto de cada uno. Y para ello se requiere información tanto de la Sunat como del ministerio respectivo. Cada ministerio, región o distrito debe escoger si se queda con los gastos tributarios asignados o mejor recibe esos montos para gastos directos (inversión o gasto corriente).
¿El gasto tributario cumple con los objetivos propuestos en la ley que lo crea? ¿Los beneficios generados son mayores que la recaudación perdida? ¿Se puede diseñar algún programa de gasto presupuestario que genere los mismos (o mayores) impactos? ¿El beneficio que generan los gastos tributarios se reparte de manera equitativa entre los diferentes segmentos socioeconómicos de la población?
Como resulta obvio, el evaluar negativamente algún gasto tributario no significa necesariamente que este pueda eliminarse automáticamente, ya que existen interesados que se opondrán firmemente a dicha medida. Por lo tanto, la economía política detrás de cada beneficio tributario será crucial porque puede bloquear el retiro de alguno de ellos.
La información es esencial. El MEF debería proporcionar públicamente (en su web) la lista de gastos tributarios con los datos básicos: la ley que los crea, los objetivos, la fecha en que comenzó a regir, los beneficiados, etc.
A riesgo de que este economista se quede sin amigos, veamos –a manera de ejemplo– los principales gastos tributarios. Según el MEF, para el 2018 son: la inafectación del IGV a la importación y prestación de servicios por las instituciones educativas públicas o particulares (S/1.921 millones), la inafectación del Impuesto a la Renta a las compensaciones por tiempo de servicios (CTS, S/1.190 millones), el beneficio de restitución arancelaria (‘drawback’, S/857 millones), la exoneración del IGV a los productos agrícolas (anexo 1, Ley del IGV, S/826 millones), la inafectación del IGV a los servicios de crédito efectuado por bancos (S/793 millones), la inafectación del IGV a las pólizas de seguros de vida (S/613 millones), la exoneración de IGV a la Amazonía (S/607 millones), la inafectación de IGV a los juegos de azar y apuestas tales como las loterías, bingos, rifas, sorteos y eventos hípicos (S/438 millones), la exoneración del IGV a los servicios de transporte público de pasajeros dentro del país, excepto el transporte aéreo (S/436 millones), el diferimiento del IGV (régimen especial y sectorial de recuperación anticipada, S/349 millones). Esos entre los principales.
Los gastos tributarios (exoneraciones) merecen una mejor evaluación. Es mucho más económico y efectivo un gasto directo que una exoneración de amplio espectro. En muchas de las actuales exoneraciones se filtran agentes que “no necesitan” la exoneración, otros que no reciben los beneficios (subcobertura) y mucha pérdida de recaudación por diversos mecanismos. El MEF y el Congreso tienen la llave.
