Elmer Cuba, Economista
El Comercio, 21 de noviembre de 2017
El gobierno de PPK encargó a un grupo de expertos la elaboración de propuestas para reformar el sistema de pensiones, el sistema público de salud y un posible seguro de desempleo. Es decir, mejorar la protección social contra los riesgos de ingresos en la vejez, los riesgos de salud y los de quedar desempleado.
El Gobierno quiso forzar los plazos para que el presidente pudiese anunciar las reformas en su discurso de julio pasado. Nada de esto ocurrió. Reformas de esa magnitud no se hacen así. Ello toma más tiempo y recursos, se involucra a más interesados (expertos, gremios, políticos, usuarios). Se van abriendo espacios de consenso y disenso. Se discute, se convence. Como era de esperarse por la falta de prolijidad en el diseño del proceso, al final parece que nadie tomará el guante hasta el próximo gobierno.
Como quiera que en el Perú se viene reduciendo la pobreza y aparecen nuevas clases medias (con importantes segmentos todavía vulnerables), estas demandas ciudadanas se harán sentir políticamente en los próximos años. Esto ya ocurrió en Argentina, Chile y Uruguay, países que nos llevan la delantera en el proceso de desarrollo económico.
Es decir, estas son tareas que tarde o temprano tendrán que enfrentar los futuros gobiernos. Las tareas no son sencillas y tenemos la oportunidad de realizarlas con mayor éxito aprendiendo de las mejores prácticas internacionales. Todavía estamos a más de tres años de la siguiente campaña electoral. El Estado debe hacerle la vida más fácil a las personas.
Sobre el informe de la Comisión de Protección Social se viene diciendo que no hay fondos para ello, que sería estatista y que supone un Estado cuya calidad aún no tenemos. Efectivamente es así. Busquemos entonces más ingresos reduciendo la elevada evasión tributaria. Quitemos los componentes estatistas (por ejemplo, el centralizador de pensiones) y, antes de dar más recursos, mejoremos primero la pobrísima gestión de los servicios públicos de salud.
Primero, hay que rescatar el diagnóstico. Ello en sí mismo es valioso. Segundo, ¿alguien esperaba que las reformas no impliquen mayores gastos? Obvio que costarán algunos puntos de presión tributaria. Tercero, no todas las recomendaciones son las mejores, se pueden afinar o cambiar, si se discuten más a profundidad. Me imagino que el apretado tiempo no lo permitió, por errores de diseño en los plazos que se impusieron a la comisión misma.
Sobre el diagnóstico deberíamos los economistas, los interesados en las políticas públicas y la prensa responsable y profesional esforzarnos por su divulgación y discusión en grupos más amplios de la opinión pública y en la clase política.
Tener a cerca del 80% de la población económicamente activa empleada sin ningún tipo de pensiones para la vejez es inadmisible para un país de renta media como el Perú. Tener a millones de personas con servicios de salud que están lejos de estándares de eficiencia de países de ingresos similares es escandaloso. También lo es tener solo a 30% de trabajadores en el sector formal, de los cuales únicamente el 22% mantiene contratos laborales indefinidos y en una economía en la que solo se presentan despidos para el 5,6% de trabajadores, mientras que la mayoría (90%) renuncia o se termina su contrato. Esto es inadmisible en un país que pretende seguir en la carrera del desarrollo económico.
Las reformas tendrán un costo fiscal. Ya tenemos una primera idea de hacia dónde deben apuntar los aumentos en la recaudación, que deberá alcanzar también para educación e infraestructura.
En el caso de la industria de administradoras de pensiones, ya existe AFPnet que aprovecha las eficiencias del centralizador pero mantiene la competencia por la calidad del servicio. Antes de ir por un experimento riesgoso, se puede intentar más competencia bajando el llamado “sesgo del statu quo”. La SBS podría informar regularmente a los aportantes sobre la combinación de comisiones/rentabilidad/servicio y facilitar el cambio de proveedor con solo un clic. Ello podría ayudar mucho más que el actual sistema de subastas, que presenta limitaciones para una mayor competencia. Ya si ello fallase, se podrá pensar en un esquema regulatorio de comisiones, en lugar de la peligrosa centralizadora estatal.
