Gestión, 29 de agosto de 2018
El ajuste del salario mínimo es un tema que hay que zanjarlo cuanto antes porque mientras no se institucionalice con una ley (que incluya un mecanismo técnico de indexación) cualquier gobierno lo seguirá modificando con criterio político, como ocurrió en los últimos años.
Resulta positivo que en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) se busque un acuerdo sobre este tema. Sin embargo, dado su nivel inicial, el reajuste del salario mínimo debería hacerse recién en cuatro años y, a partir de ahí, cada dos años, o cuando alguna variable lo gatille antes, por ejemplo, una tasa de inflación alta.
Resulta popular hablar de aumentar el salario mínimo, pero pocos reconocen que al monto al que está fijado actualmente (S/ 930) no es ´mínimo’. En realidad es muy alto, ya que a ese nivel hay 42% de trabajadores dependientes urbanos, trabajen o no en empresas formales, que ganan menos que ese monto. Por ello, lo primero por hacer es calcular cuál será el punto de partida para los ajustes posteriores del mínimo.
Según estimaciones de Macroconsult, la mediana del ingreso laboral privado dependiente fuera de Lima sería de S/ 940 en el 2018 y el salario mínimo está en S/ 930. El aumento a esos niveles ha sido un factor de informalización fuera de Lima. Es en el interior del país donde el mínimo genera más fricciones.
Desafortunadamente, en los ajustes del salario mínimo que se han hecho en los últimos dos años, se nos pasó la mano, ya que es muy improbable que en ese periodo la productividad del trabajo haya subido 24% (que es lo que subió el salario mínimo).
Un salario mínimo bien fijado defiende a los trabajadores menos calificados, pero si se fija mal puede producir distorsiones e informalidad laboral y empresarial, sobre todo fuera de Lima.
Una opción sería tener salarios mínimos diferenciados por regiones, por la importante razón de existir distintos costos de las canastas de consumo en cada una de ellas. En cambio, no parece una buena idea tener salarios mínimos diferenciados por tamaño de empresa, porque pueden tener efectos distorsionadores en el mercado laboral. Son las mismas labores y ocupaciones, al margen del tamaño de la firma.
Actualmente en el Perú hay un total de 4.95 millones de trabajadores dependientes urbanos en el sector privado. De estos, 1.9 millones son formales en el sector formal; casi un millón (948 mil) son informales en el sector formal (una tarea pendiente de Sunafil); y 2.1 millones son informales en el sector informal.
Si se sigue aumentando el salario mínimo de espaldas a la evolución de la productividad laboral se va a seguir impidiendo que avance la formalidad.
Por ejemplo, si el salario mínimo se aumentara de golpe a S/ 1,400 (como proponen las centrales sindicales en el CNT), eso no afectará a la gran empresa sino a las pequeñas y medianas empresas intensivas en mano de obra que son mayormente de servicios y comercio, donde el aumento hará que los trabajadores se informalicen y que aquellos que ya ganaban por debajo, pero cerca, del mínimo, se alejen de la formalidad.
Con un aumento del mínimo de esa magnitud, el porcentaje de trabajadores dependientes urbanos que pasaría a ganar un monto menor a este subiría a 64%. Es decir, un quinto de los trabajadores urbanos dependientes del sector privado; esto es, un millón más que ahora, pasarían a ganar menos que el salario mínimo.
Es correcto ajustar el salario mínimo por la inflación y la productividad para que no se retrase.
En el caso del ajuste por inflación debería usarse el IPC de cada región. Y el ajuste por productividad debe hacerse con la productividad laboral (no la de todos los factores). Una buena ‘proxi’ de esta última es el PBI per cápita (o el PBI sobre la PEA empleada). O, mejor aún, la productividad laboral promedio del segmento de la población que gana, en la vecindad, el salario mínimo.
