El Estado vuelve más cara y menos competitiva la educación tecnológica superior
¿Cómo se sentiría, señor lector, si se enterara que el Estado se encuentra empecinado en sabotear el sistema educativo preferido por la mayoría de limeños (y quizá por también por la mayoría de peruanos)? Seguramente, indignado. Pues bien, permítanos contarle una indignante historia.
El sistema educativo preferido por la mayoría de personas en Lima es el tecnológico superior. Según un reciente estudio realizado por el Instituto San Ignacio de Loyola, más del 66% de limeños prefiere estudiar en un instituto que en una universidad. El mencionado estudio, además, muestra que casi el 80% de potenciales estudiantes tendrán que pagarse sus estudios sin ayuda de su familia. Y más del 82% no puede pagar mensualidades superiores a S/.500.
Teniendo esto en cuenta, uno esperaría que el Estado promueva una mayor oferta de educación técnica superior de calidad y de precio asequible. Pero lo que hace es justo lo contrario.
Por ejemplo, un instituto que desea crear una nueva carrera tiene que cruzar por un pantano burocrático que demora su aprobación tranquilamente un par de años, a pesar de que, según la ley, la autorización no debería demorar más de 60 días.
Las carreras que ya están operando, por otro lado, ven aumentar sus costos debido a regulaciones estatales. Y esos costos tienen que ser trasladados a los alumnos, ya sea cobrándoles una mayor pensión o brindándoles una educación de menor calidad.
Por ejemplo, durante este gobierno se prohibió a los institutos suspender el servicio a quienes no pagasen la matrícula y se estableció que el interés a los morosos no podía ser superior a la tasa establecida por el BCR. En pocas palabras, se incentivó el incumplimiento del pago de las pensiones, lo cual se ha traducido (según la presidenta de la Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú) en un aumento de la morosidad de alrededor del 50% en la mayoría de instituciones.
Por otro lado, el gobierno establece una serie de requisitos de costosa e innecesaria infraestructura para los institutos. Entre ellos, que cuenten con un patio de recreación que ocupe el 30% del área del terreno, que no esté techado y que se encuentre en el primer piso. ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Será, quizá, que en la mente de algún burócrata es un requisito indispensable para enseñar adecuadamente enfermería o corte y confección que los alumnos tengan espacio para jugar a las “chapadas”?
Asimismo, el gobierno exige que, por ejemplo, los laboratorios de cómputo midan 2,50 metros cuadrados por cada estudiante que vaya a hacer uso de una computadora. Eso, en todo caso, podría haber tenido sentido hace dos décadas cuando estas últimas ocupaban bastante espacio. Pero hoy que los alumnos utilizan mayormente computadoras portátiles, esa exigencia demanda una inversión en espacio innecesaria.
Paralelamente, el gobierno prohíbe que los institutos celebren convenios con empresas que les brinden las facilidades que necesitan para enseñar sus carreras. Así, por ejemplo, si se quiere enseñar manejo de maquinaria pesada de minas, el instituto tiene que adquirir todas las máquinas en cuestión, cuando sería mucho menos costoso celebrar un convenio con una minera para que los alumnos aprendan usando el equipo que esta ya tiene.
Además, hace un tiempo se prohibió a los institutos abrir filiales en otras ciudades. Si un grupo de inversionistas quiere aprovechar su experiencia para brindar servicios educativos en otra región, tiene que fundar necesariamente una nueva institución. ¿Se imagina por ejemplo, señor lector, cómo sería para Interbank estar obligado a fundar un nuevo banco en cada ciudad en vez de simplemente abrir una agencia? Bueno, una realidad similar sufre cada instituto en el Perú.
La burocracia excesiva, incluso, acompaña a los alumnos hasta el momento en que culminan sus estudios. Los trámites de titulación ante el gobierno demoran alrededor de un año, tiempo en el que el egresado se ve perjudicado en el mercado laboral por no tener un título. Una de las razones para esta lentitud es que se exigen requisitos innecesarios (como presentar una copia de la partida de nacimiento) que solo demoran y encarecen el trámite.
No existe verdadera inclusión sin educación. ¿Cómo el autodenominado “gobierno de la inclusión” puede haberse dedicado a sabotear así a los institutos? ¿En qué está pensando el presidente Humala?
