Por Editorial El Comercio
(15 de Mayo de 2015)
Hace apenas unos días, Marco Arana, fundador y representante del partido Tierra y Libertad, se manejaba con algunas certezas y otras tantas dudas.
Entre sus certezas se contaba la culpabilidad de la empresa Southern Perú respecto a los presuntos actos de corrupción que se han destapado en la última semana sobre el manejo de los conflictos sociales alrededor del proyecto minero Tía María. Con afán acusatorio, el ex sacerdote comentaba, en una entrevista radial, que “los operadores políticos de Southern buscan corromper a dirigentes en Arequipa”.
Apenas unos días luego, agregaba, en un programa televisivo, que es “una vergüenza lo de la Southern corrompiendo a autoridades e intentando corromper a dirigentes sociales”. Para darle mayor contundencia a su afirmación, el señor Arana recordaba que “Southern está siendo enjuiciada por un tribunal en Estados Unidos, porque corrompieron a jueces para burlar el mandato que tuvieron con sus trabajadores en Toquepala. El juicio no ha terminado”.
Por otro lado, el señor Arana presentaba dudas y cavilaciones más reflexivas en cuanto a la presunta culpabilidad de su colega partidario, el dirigente del Frente de Defensa del Valle de Tambo Pepe Julio Gutiérrez, quien –según un audio recientemente difundido– habría solicitado una fuerte suma de dinero a cambio de poner fin al paro en contra del proyecto minero. “Hay que hacer un peritaje al audio. La Fiscalía Anticorrupción debe investigar y si hay responsabilidades, que caiga todo el peso de la ley. Y si se trata de una operación para desacreditar a los dirigentes, en todo caso que se establezca la verdad a través de estos peritajes”, precisó el dirigente.
Su posición, por supuesto, coincide con la de Tierra y Libertad. A través de un comunicado, el movimiento político evita prudentemente anticipar conclusiones y se limita a señalar que deslinda con toda forma de corrupción al tiempo que exige al Ministerio Público “iniciar de inmediato una investigación profunda sobre estos hechos”. A la fecha, Gutiérrez aún no ha sido expulsado de las filas de Tierra y Libertad sino suspendido, pues dicha decisión le compete a la Comisión Nacional de Ética del partido luego de escuchar sus descargos, según informó el señor Arana.
No es la primera vez que al señor Arana le cuesta desvincularse de sus compañeros de gestas políticas que mantienen indicios claros de actividades ilícitas. Por ejemplo, al ser cuestionado recientemente por su apoyo al ex presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos –hoy en prisión preventiva mientras aguarda el inicio del juicio oral por actos de corrupción durante su administración–, Marco Arana afirmó que “no porque se trate de Gregorio Santos o de cualquier otro personaje deberíamos saltarnos la presunción de inocencia”.
Lo cierto es que la izquierda peruana nunca se ha caracterizado por marcar claros y oportunos deslindes con aquellos personajes que pertenecen a sus filas y que han actuado al margen de la ley. Es verdad que, en el caso de Gutiérrez, la presencia de un solo militante involucrado en actos de corrupción no desacredita del todo al partido político al que pertenece ni mucho menos a las causas que este defiende. No obstante, cuando se trata de uno de los principales dirigentes quien se ve envuelto en acusaciones fundamentadas y que comprometen directamente la naturaleza de la batalla más importante que libra actualmente la agrupación política, la integridad del partido y la solidez de la causa se ven tocadas.
En todo caso, la dualidad en el discurso de Marco Arana sugiere acaso que el rigor con el que sanciona los actos de corrupción debe ser diferenciado según quién los comete. Como si aquella presunción de inocencia debiera primar únicamente entre aquellos cercanos a su actividad política. Recordando sus homilías, el ex sacerdote haría bien en encontrar el sancochado en el ojo propio antes que las lentejas en el ojo ajeno.
