El Comercio, 26 de agosto de 2021
Tras algunos días signados por versiones sobre inminentes cambios en la composición del Gabinete Ministerial, el equipo encabezado por el congresista Guido Bellido comparecerá hoy ante la representación nacional, sin modificación alguna, a solicitar el voto de confianza que le permitiría continuar todo aquello que ha venido haciendo desde hace poco menos de un mes.
No sorprenderá a los lectores de este Diario saber que, en nuestra opinión, tal confianza debe ser negada, pues en numerosos editoriales publicados desde que el presidente Pedro Castillo les tomó juramento a los funcionarios que buscarán hoy consolidarse en su puesto, hemos descrito los nubarrones que se ciernen sobre ellos.
Aunque no pretenda ser exhaustivo, un breve repaso de esas sombras puede resultar útil para comprender las razones de nuestra posición. El mismísimo presidente del Consejo de Ministros, para empezar, enfrenta investigaciones en el Ministerio Público por apología del terrorismo (“Nuestro homenaje a ti Edith Lagos”, escribió en su cuenta de Facebook en el 2017, entre otras cosas), terrorismo y lavado de activos vinculado al financiamiento de las campañas de Perú Libre. Luego tenemos al titular de Trabajo, Iber Maraví, que aparece al lado de la ya mencionada Edith Lagos y otros terroristas conocidos, en atestados policiales de principios de los años 80 sobre diversos crímenes cometidos por la subversión, y cuya participación militante en las actividades del Conare-Sutep no deja mucho margen para la especulación.
En lo que concierne al ministro del Interior, Juan Carrasco, más allá de las sospechas que ha generado la reciente intervención de la Dircote, la circunstancia de que hasta ahora siga siendo fiscal constituye un impedimento para ejercer el cargo que ostenta y, a juicio de diversos especialistas consultados por este Diario, sus actos de gobierno serían nulos. El responsable de la cartera del Ambiente, Rubén Ramírez, por otra parte, tiene un historial de denuncias por agresiones y acoso; mientras que el ministro de Cultura, Ciro Gálvez, las tiene por negociación incompatible.
Los sectores Transportes y Vivienda –a cargo de Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente– han conocido en estas semanas, asimismo, un rosario de nombramientos en puestos claves que tuvieron que ser dejados sin efecto porque las personas designadas no cumplían los requisitos legales o morales para desempeñarse en ellos. Podríamos continuar con los ministros de Defensa y Comercio Exterior, pero creemos que con lo anotado hasta aquí basta y sobra para sostener que este Gabinete no merece la confianza del Congreso. Peor aún, es tan penoso que daría la impresión de haber sido nombrado para humillar al Parlamento, forzándolo a endosarle su respaldo si no quiere consumir una de sus dos “balas de plata”, trayéndose abajo un primer Consejo de Ministros y quedando a un paso de la disolución.
En ese sentido, la mayoría opositora de la representación nacional podrá seguramente barajar varias opciones que, sin negar la confianza, le permitan transmitir el mensaje de que no la ha otorgado –no participar de la votación o hacerlo en ámbar para que Bellido y la caterva que lo acompaña sean aprobados solo por la bancada oficialista y sus aliados de ocasión–, pero desde el punto de vista principista, lo que tendrían que hacer es simplemente negar la confianza.
Si, como se teme, el Ejecutivo insistiera luego postulando un Gabinete tan malo o peor que este, el descrédito al que se haría merecedor entre la ciudadanía lo pondría contra las cuerdas y lo dejaría con muy poco oxígeno para seguir gobernando con comodidad, a poco más de un mes de haber llegado al poder…
La afrenta que supone haber colocado delante del país un equipo ministerial como el que hoy domina la estructura del Estado no puede sostenerse. Si el presidente Castillo no despierta todavía a la realidad de las limitaciones de la responsabilidad que los votantes pusieron en sus manos en estas elecciones, alguien tiene que despertarlo. Y de acuerdo con la Constitución, el Congreso es la institución indicada para hacerlo.
