Por Editorial El Comercio
(10 de Junio de 2015)
Esta semana, el Gobierno Regional de Arequipa anunció que convocaría a las mineras que operan en su zona para que financien un banco de proyectos de inversión pública. La gobernadora de la región, Yamila Osorio, demandó a las compañías extractivas “asumir el financiamiento de proyectos de gran impacto económico, debe haber más acercamiento de las empresas con la población. Si no se trabaja así, más adelante lo vamos a lamentar […] no queremos pequeños apoyos que no trasciendan”. Consecuentemente, la señorita Osorio ha propuesto una contribución económica –adicional al canon y a las regalías– de parte de las mineras para desarrollar proyectos de inversión en Arequipa.
Mirada un poco más de cerca, la iniciativa parece tener en tintes demagógicos lo que le falta en criterio económico. En primer lugar, el marco tributario peruano, tal y como está, resulta ya tremendamente oneroso para las compañías mineras. Incluso antes de los incrementos en gravámenes que la presente administración aplicó en el 2011, el Instituto Peruano de Economía (IPE) estimaba que la minería pagaba 1,7 veces más tributos internos que el resto de la economía. El año pasado, Apoyo Consultoría anotó que, si se toman en cuenta el Impuesto a la Renta, la participación de los trabajadores, las nuevas regalías, el impuesto especial a la minería y el gravamen especial a la minería, las empresas mineras pagan aproximadamente el 42% de su utilidad operativa –monto que se eleva a 43% con contrato de estabilidad tributaria–.
Esta tasa, de hecho, es superior a la que nuestros países ‘competidores’ por inversiones aplican a la actividad minera. Así, Apoyo Consultoría señala que mientras el Perú grava 42% de la utilidad operativa, Canadá grava el 40%; Chile, el 36% y Australia, el 33%. La propuesta de la señorita Osorio pareciera suponer que el Perú, y en particular la región Arequipa, tienen el monopolio de los minerales a nivel global, y que la carga tributaria o de contribuciones extraordinarias no influye en las decisiones de los inversionistas.
En segundo lugar, las palabras de la gobernadora hacen eco de un discurso en el que la actividad minera, en el marco en el que se desempeña actualmente, contribuye poco o nada en el desarrollo del país. Como mencionábamos en editoriales anteriores, sin embargo, los efectos positivos de la actividad extractiva para el ciudadano promedio son tangibles, significativos y variados. El IPE estima que por cada puesto de trabajo generado en el sector minero se crean nueve empleos en otro sector económico, pues la minería requiere industrias vinculadas para operar (por ejemplo, servicios de consultoría, manufactura, alimentación, transporte, energía, metalmecánica, entre varias otras). Más aun, el 14% de la producción del sector manufacturero peruano es adquirido por la industria minera.
Finalmente, aun si la propuesta para aumentar las contribuciones de las empresas mineras en Arequipa prosperase, es pertinente preguntarse por el potencial destino de los nuevos recursos recaudados. Quizá el dinero pudiese ir al distrito de Yarabamba, en la misma región de Arequipa, que destinó varios millones de soles del canon generado por la minera Cerro Verde en la construcción de tres estadios –uno con la capacidad para 3.000 personas– en un centro poblado de apenas 1.200 habitantes que no cuentan con agua potable. Este tipo de inversiones no son inusuales.
O quizá los recursos podrían ir a alguna de las 16 comunidades en Arequipa que en el 2013 exigían mayores transferencias de canon pese a que contaban con saldos de balance de S/.372 millones y tasas de ejecución del dinero del canon del 36%. Esta baja tasa de ejecución del canon es similar a la de varios gobiernos regionales. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), existe en las arcas de todos ellos un importante capital que reiteradamente deja de ser utilizado. Por último, los nuevos aportes podrían servir también para llenar los bolsillos de políticos y empresarios inescrupulosos. A las investigaciones en contra de Juan Manuel Guillén, ex gobernador de Arequipa, se suman los casos de corrupción con dinero del canon de regiones como Áncash, Ica, Pasco, entre varias otras.
Llama la atención, entonces, la pertinencia de solicitar mayores recursos para el sector público a partir de la minería cuando los que existen se usan poco y mal, incluida Arequipa. Más carga, por el contrario, le restaría aun mayor competitividad a una actividad clave que hoy se debate entre la caída de precios y los conflictos sociales en aumento.
