Por: J. Eduardo Ponce Vivanco
El Comercio, 1 de abril de 2021
Si la incertidumbre es inherente a todo período electoral, el abanico de posibilidades abiertas por la profusión de candidaturas y la debilidad de una campaña contagiada por la pandemia acentúa la inestabilidad y las interrogantes que enfrentamos en la víspera del 11 de abril y de la segunda vuelta que definirán la personalidad del próximo gobierno del Perú.
Si los temores que suscitan estas pinceladas afectan a todos los sectores de la Administración, el responsable del manejo de las relaciones internacionales ya debe estar evaluando los variados escenarios que los diferentes resultados del voto popular plantearían en el campo que vincula Perú con los países y organizaciones que conforman una realidad global cada vez más compleja y cambiante.
Cualquiera que sea el veredicto electoral, una Cancillería profesional tendrá que actuar desde el período de transición previo al próximo 28 de julio, independientemente de las características del gobierno que se elija, a fin de que los
los diferentes planos en que se dan las relaciones entre Estados se puedan articular mejor en función de los intereses del Perú.
En un cuadro como el actual se hace aún más importante la institucionalidad y profesionalismo del Servicio Diplomático como elemento que da consistencia al sistema que componen el Ministerio de Relaciones Exteriores y la extensa red de misiones diplomáticas y consulares que tenemos alrededor del mundo.
En cualquier democracia la administración gubernamental está sujeta a los cambios que impone la voluntad que los electores expresan a través del voto, lo que pone a prueba las fortalezas y debilidades de las instituciones en cada país. El hecho de que el Perú se caracterice por su fragilidad institucional plantea una responsabilidad mayor a las instituciones llamadas tutelares porque velan por el mantenimiento de la esencia nacional.
Y la defensa de la institucionalidad de un ministerio que nació con la República, como la Cancillería, está en las manos profesionales del Servicio Diplomático, que debe estar a la altura del desafío que enfrenta cada cinco años, encontrando los medios más idóneos para que los sucesivos gobiernos respeten esa institucionalidad inherente a la continuidad y prestigio del Estado peruano frente a la comunidad internacional.
